No ha sido el caso de Elisa Pinto, el compi yogui o el caso de Ignacio González. Tampoco el caso de la “Policía patriótica” de Fernández Díaz y la “Operación Catalunya”. Menos el caso del traficante de armas Monzer al Kassar. Ni el caso del pequeño Nicolás. Lo que ha llevado al excomisario José Manuel Villarejo a la prisión el domingo día 5 de noviembre, ha sido la llamada “Operación Tándem” en la que la Fiscalía Anticorrupción acusa al policía de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y cohecho.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -la misma que instruye el caso de los Jordis y de los miembros del Govern encarcelados- ha decretado prisión incondicional para el excomisario de 66 años ante el riesgo de fuga al haberse encontrado grandes capitales en el Estado español y en el extranjero a nombre del policía. También ha dictado la misma sentencia para otro policía, Carlos Salamanca, y para el que es considerado socio de Villarejo, Rafael Redondo. La esposa del excomisario, Gema Alcalá, también encausada, ha tenido que entregar su pasaporte.
En la misma investigación se ha denunciado a tres personas más entre las que destacan los hijos de Villarejo y Salamanca que han quedado libres sin medidas cautelares.
A diferencia de otros casos que han sido resueltos con celeridad, la Fiscalía recibió el 25 de abril una denuncia anónima sobre las supuestas actividades ilícitas de Villarejo y Salamanca. En la denuncia se afirmaba que un alto cargo de Guinea Ecuatorial había encargado a Villarejo un informe sobre posibles trapos sucios del hijo del presidente del país africano, para que luego fueran difundidos en la red. Fue en el pago de esa actividad de espionaje que ascendía a 5,3 millones de euros donde se encontró la ilegalidad.
Villarejo y su socio Rafael Redondo pidieron que esa cantidad fuera pagada a distintos destinatarios, y presuntamente parte de los pagos fueron abonados a cuentas radicadas en Panamá, paraíso fiscal.
Villarejo es, como la periodista de investigación Patricia López ha definido, las cloacas del estado. El excomisario estuvo envuelto en el caso del apuñalamiento de Elisa Pinto. Esta doctora madrileña fue acosada por Javier López Madrid, el “compi yogui” de la reina Leticia y empresario imputado por el caso de las tarjetas black. Cuando la doctora denunció el acoso ante la justicia, fue asaltada y apuñalada.
Fue también Villarejo quien supuestamente creó los informes falsos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre políticos independentistas que luego, periodistas amigos como Eduardo Inda, publicaban a sabiendas de que eran falaces.
