Según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público el día 16 de octubre, el número de desahucios practicados en el segundo trimestre del año fue de 16.859, lo que supone un descenso del 8,4% con respecto al mismo trimestre de 2016.
El 58,6% de esos desahucios, 9.886, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); mientras que otros 6.197 –el 36,8%- se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 776 restantes obedecieron a otras causas.
Los desahucios derivados del impago de alquileres disminuyeron un 0,3% entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los que tienen su origen en ejecuciones hipotecarias cayeron un 20%. Este tipo de desahucios experimentan ya ocho trimestres consecutivos de bajadas.
Catalunya –con 3.625, el 21,5% del total estatal- fue el territorio en la que se practicaron más desahucios en el trimestre referido en el informe, seguido por Andalucía (2.947), el País Valencià (2.287) y Madrid (1.791). Estos cuatro territorios suman el 63,2% de todos los desahucios practicados en el estado español en ese periodo.
Atendiendo solo a los desahucios consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, también Catalunya aparece en primer lugar, con 2.342. Le siguen Andalucía (1.377), Madrid (1.344) y la País Valencià (1.132). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.426, seguida por la País Valencià (1.121) y Catalunya (1.039).
El informe incluye también el número de desahucios solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un desahucio sea solicitado al servicio común no implica que éste lo haya ejecutado.
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de desahucios solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre del año fue de 19.141, un 1,6% menos que en el mismo periodo de 2016. De ellos, 11.921 terminaron con cumplimiento positivo, lo que supone un incremento interanual del 0,7%.
