El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve se ha dirigido por carta a los zaragozanos y zaragozanas para informarles de que próximamente el Gobierno de Aragón procederá a facturarles el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). En la misiva, enviada junto a la factura del agua, el alcalde recuerda a la ciudadanía el rechazo del Ayuntamiento de Zaragoza a este tributo y explica que “está utilizando todos los medios legales a su alcance para proteger los intereses de los y las zaragozanas”.
La carta comenzará a llegar a los domicilios de forma progresiva a partir de las próximos días. En ella Pedro Santisteve explica que con este impuesto el Gobierno de Aragón pretende financiar las obras del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y detalla los argumentos por los que Zaragoza se opone a él.
"Desde 1995 la población de Zaragoza ha sufragado sin ayuda de otras administraciones sus depuradoras y la renovación de la red de saneamiento por un valor de 324 millones de euros, mientras que el Gobierno de Aragón prevé recaudar por el ICA en nuestra ciudad 542,85 millones de euros hasta el año 2045", explica el alcalde.
A modo de ejemplo, el ICA supondrá que un hogar tipo de tres miembros tenga que pagar 57 euros más al año y uno de cuatro miembros 64 euros. En el caso de los establecimientos comerciales como los bares, el impuesto se dispararía hasta los 534 euros al año.
El ICA, un impuesto injusto recurrido ante los tribunales
El Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas del Gobierno de Aragón está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y el Tribunal Constitucional y el Ayuntamiento de Zaragoza está a la espera de que dicten sentencia.
El Gobierno de la ciudad considera que el ICA es un impuesto injusto para los vecinos y vecinas y exige que, mientras se pronuncian los jueces, el Gobierno de Aragón aplique a este tributo el principio de progresividad fiscal, igual que hace el Ayuntamiento con el recibo del agua. De esta forma pagarían más, proporcionalmente, los grandes consumidores, y se defiende así el derecho universal al acceso al agua de las y los ciudadanos.
El Gobierno de Zaragoza reclama además a la DGA que parte del dinero que recaude a través de este impuesto se invierta en necesidades de mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración de las aguas en Zaragoza.
Es necesaria una Reforma de la Ley de Aguas de Aragón
Este miércoles, el Ayuntamiento de Zaragoza participó en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) a la que asistió la Directora del Instituto Aragonés del Agua y el Secretario General Técnico del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. Allí se reiteró que lo importante es un cambio en la Ley de Aguas para "evitar que atente contra la autonomía municipal". Una posición que es compartida por otros muchos Ayuntamientos como quedó patente en dicho encuentro.
"El ICA, a pesar de ser calificado por el Gobierno de Aragón de manera propagandista, como un impuesto 'solidario', es un impuesto que supone una doble tributación, un ataque a la autonomía municipal y, en el caso de la Ciudad de Zaragoza especialmente injusto al haber sufragado directamente sus depuradoras sin ningún tipo de ayuda o subvención", apunta Santisteve.
El Ayuntamiento de Zaragoza también trasladó su decepción por el hecho de que el Gobierno de Aragón únicamente este barajando una mera modificación del Plan de Saneamiento y Depuración (PASD), sin cuestionar el fondo del asunto que no es otro que el propio modelo de depuración de las aguas residuales promovido por el Gobierno de Aragón.
