El Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno en Aragón, está dificultando seriamente las labores de la Comisión Especial de Estudio contra las Violencias Machistas de las Cortes de Aragón, al negar la comparecencia en la misma de responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil implicados en los dispositivos de seguridad para luchar contra esta lacra social.
Interior aduce que las fuerzas de seguridad no tienen por qué acudir a un Parlamento territorial a informar sobre esa cuestión, a lo cual, por otra parte, tampoco están obligados. La presidenta de la comisión, Carmen Martínez Romances (CHA), asegura que la incomparecencia de Policía Nacional y Guardia Civil impide el correcto desarrollo de los trabajos e imposibilita la consecución de un informe completo por parte de la comisión.
Las Cortes de Aragón se han convertido en Parlamento pionero dentro del Estado español en constituir una comisión específica contra las violencias machistas, en la que están representados todos los grupos políticos de la Cámara.
La iniciativa surgió del Grupo Mixto (Chunta Aragonesista e Izquierda Unida) y fue suscrita por el resto de componentes del Parlamento aragonés, sin excepción.
La creación del órgano partió de la constatación “de fallos para combatir la violencia machista, bien por falta de medios o de coordinación entre los diferentes entes implicados en la tarea”, precisa Martínez Romances.
A partir de ahí se propone la creación de la comisión parlamentaria, “cuya filosofía parece que no hemos sabido transmitir bien, puesto que no se trata en absoluto de fiscalizar ninguna actuación, sino de analizar el problema y proponer acciones para que la lucha contra la violencia machista sea más eficaz”.
Comparecencias
Tras crearse el órgano, sus integrantes elaboraron un calendario de comparecencias de personas expertas o simplemente implicadas en el problema de la violencia machista, donde figuraban miembros de la judicatura, de colegios de psicólogos y abogados, educadores, sanitarios, feministas o representantes de administraciones, entre otros; por supuesto, en ese listado aparecían también responsables de las fuerzas de seguridad implicados en la erradicación de esta delincuencia contra la mujer.
Sin embargo, la comisión de las Cortes de Aragón se ha topado con la negativa de Interior a que comparezcan responsables de Policía y Guardia Civil. Sin la información y los testimonios de estas personas “es muy difícil que los representantes de las aragonesas y aragoneses podamos colaborar en la mejor coordinación institucional y de entidades en los protocolos de la lucha contra la violencia machista para que ésta sea más eficaz”, señaló otra integrante de la comisión.
La presidenta del órgano, por su parte, descartó que la negativa de Interior tuviera relación con las críticas de que fue objeto en su día el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde (PP), cuando insinuó en unas declaraciones tras la muerte de una mujer asesinada por su expareja en febrero del pasado año en Zaragoza, que quizá su imprudencia había facilitado la acción del asesino.
La actitud de Alcalde fue objeto de duras recriminaciones desde instancias políticas, institucionales, sociales, mediáticas y feministas, entre otras, y se llegó a pedir su dimisión puesto que la víctima mortal había solicitado protección policial y ésta no se accionó tras calificarse su caso como de “riesgo mínimo”.
Posteriormente, y a raíz de otro caso de violencia machista en Zaragoza que en agosto de 2016 estuvo a punto de costar la vida a otra mujer que había solicitado sin éxito protección policial, CHA volvió a pedir la dimisión de Gustavo Alcalde.
Nueva solicitud
Ahora, Martínez Romances descarta que la negativa a que comparezcan policías y guardias civiles en la comisión, comunicada por el delegado del Gobierno en Aragón, sea una respuesta a aquellas polémicas. En cualquier caso, la presidenta de la comisión insiste en que es “importantísima” la información que puedan transmitir las fuerzas de seguridad para que las Cortes elaboren un dictamen completo y adecuado.
Martínez Romances se ha vuelto a poner en contacto con Gustavo Alcalde para tratar de revertir la situación y que Policía Nacional y Guardia Civil informen en el Parlamento aragonés.
El delegado gubernamental le transmitió que lo consultaría con el Ministerio del Interior y le daría una respuesta definitiva, la cual todavía no ha llegado, según precisó la propia presidenta de la comisión.
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Aragón no ha querido manifestarse sobre estos extremos ni sobre la negativa de Interior a la comparecencia, remitiéndose al contenido de la primera respuesta al órgano de representación de ciudadanas y ciudadanos aragoneses, donde se señalaba que nunca las fuerzas de seguridad habían acudido a informar a un Parlamento territorial y que tampoco lo iban a hacer ahora.
Cifras terribles que exigen compromiso institucional
La violencia machista contra la mujer ofrece dimensiones muy preocupantes en Aragón y en general en el Estado español. En los nueve primeros meses de 2016 hubo en Aragón 1.433 denuncias por violencia de género, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que se recogen en un informe del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).
Pero otros datos del Ministerio del Interior difundidos por la Consejería de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, son todavía más preocupantes y señalan que en 2016, sólo en Zaragoza, 9.721 mujeres sufrieron algún tipo de agresión machista.
Tres de esas mujeres agredidas resultaron muertas a manos de sus parejas o exparejas, lo mismo que otras 102 en todo el Estado español, según datos facilitados por el portal feminicidio.net.
En lo que va de 2017 ya son 17 mujeres asesinadas por hombres con los que mantenían o mantuvieron algún tipo de relación afectiva.
Como muestra este breve pero ilustrador resumen de cifras, las características de este fenómeno delictivo contra la mujer merece que los estamentos públicos, y en especial las instituciones representativas del poder popular, dediquen especial atención a la erradicación de esta forma de violencia, tal y como han hecho las Cortes de Aragón.
