La sesión de este viernes cerraba el juicio contra la convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Catalunya, celebrada el pasado 9 de noviembre de 2014, y en la que participaron 1.800.000 personas.
El proceso, planteado contra Artur Mas, como presidente de la Generalitat, Joana Ortega como vicepresidenta en el momento de la consulta, e Irene Rigau, Consejera de Enseñanza en aquella fecha, ha quedado visto por sentencia. Cinco días de juicio que no han variado un ápice las peticiones de la fiscalía, que continúa pidiendo 10 años de inhabilitación para ejercer la función pública para Artur Mas, y nueve para Ortega y Rigau.
De poco o nada han servido las comparecencias de los acusados, testigos y peritos durante la vista, pues el Ministerio Fiscal continúa pidiendo las mismas penas para los tres acusados. Ahora, queda en manos del juez Jesús María Barrientos, dictar sentencia sobre un proceso que evidentemente traspasa la legalidad para entrar en el terreno de la política.
Así, el fiscal Emilio Sánchez Ulled, protagonizaba un alegato en la última jornada del juicio que abandonaba la ciencia jurídica para introducirse en afirmaciones políticas como sustento de su acusación. "Quiero manifestar con dolor y con tristeza que lo que ha pasado es una ruptura de las reglas del juego democrático que todos nos hemos dado. Una ruptura de la convivencia”, con esta vehemencia comenzaba su alegato.
“Este juicio también es democracia, Porque la democracia es muchas más cosas que las que se han dicho aquí.”, ha advertido dirigiéndose a los tres acusados, para posteriormente reafirmarse en la independencia de su ministerio: “la constitución dice lo que dice: la fiscalía no depende del gobierno. No hemos recibido ninguna instrucción desde el gobierno. Tengo que decir que no. Pero es que, además, yo no lo habría consentido”.
Sánchez Ulled ha manifestado su deseo de que el tribunal condene a los tres acusados y ha terminado su alegato advirtiendo que "no hay democracia sin sistema de derecho. En un sistema democrático debe haber contrapartidas. No me corresponde entrar en el debate político. Aquí hemos debatido otra cosa: si se acató la providencia del Tribunal Constitucional o si se desobedeció”.
Sin embargo, queda claro que la complicidad de las tesis fiscales, con las esgrimidas por los partidos españolistas ha transitado continuamente la sala en esta semana de juicio, lo que quizá haya motivado el alegato de la fiscalía.
Tras la intervención de Sánchez Ulled, los abogados de la defensa han tenido la oportunidad de exponer sus argumentos para pedir la absolución en el tribunal y tal y como ha hecho la acusación, lo han hecho en clave jurídica, pero también política.
En este sentido, el abogado de Irene Rigau, Jordi Pina, se ha mostrado contundente. “'Este proceso es un traje a medida para nuestros clientes”, ha asegurado, recordando que el presidente del Tribunal Constitucional era miembro del PP, pagaba cuotas del partido y lo había escondido. Además, ha asegurado que el Tribunal Constitucional no es poder judicial. Con respecto a esta cuestión ha advertido que fue fruto de un debate profundo entre los órganos judiciales del estado hace unos años. “Si el Tribunal Constitucional no fuera poder judicial, no tendría sentido hablar de desobediencia porque sus actos y providencias no podrían ser considerados sentencias judiciales”, ha esgrimido.
Por su parte, el abogado de Artur Mas, Xavier Melero, ha puesto en duda que la querella presentada por la fiscalía fuera el resultado de una actuación desde la independencia. Y ha recordado la dimisión del fiscal general del estado después de haber recibido órdenes de actuar contra Mas por 9-N contra el criterio de la Junta de Fiscales de Catalunya.
Melero ha incidido en que el Constitucional no resolvió el recurso de aclaración presentado por el gobierno de la Generalitat tras la suspensión del 4 de noviembre. Y ha recordado que, en cambio, sí se había reunido de urgencia cuando el Gobierno había presentado las impugnaciones y recursos contra la consulta y el proceso participativo.
Por su parte Artur Mas, haciendo uso de su derecho a la última palabra, ha asegurado que "el Gobierno español utilizó al Tribunal Constitucional para hacer el trabajo que no se atrevía a hacer desde el punto de vista político", y ha advertido que consideraba que “estamos aquí, no por desobedecer ningún tribunal, sino por el éxito del 9-N. Como no gustó en España y se consideró como un desafío, ahora estamos aquí porque han querido que alguien pagara por ese desafío”.
Ahora queda en manos del juez la sentencia, que podría tardar hasta dos semanas, de un proceso que ha terminado con una sesión propia de lo que ha parecido desde un principio: un juicio político.
