El grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de Calatayud presentará una moción en el pleno de este próximo martes para instar al Gobierno español a promover una nueva regulación legal del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Todo ello con el fin de evitar la “incertidumbre e inseguridad jurídica” que se está produciendo con la regulación actual y los cada vez más numerosos pronunciamientos judiciales en contra de la misma. “De forma que los elementos del impuesto respondan al hecho imponible supuestamente gravado; esto es, el incremento de valor del terreno hasta su transmisión”, aseguran desde la formación aragonesista.
“Vamos a promover también que el Ayuntamiento de Calatayud estudie, a la vista de la repetición de sentencias desfavorables en el mismo sentido, la posibilidad de posponer la ejecución forzosa de los acuerdos hasta que recaiga sentencia firme, con el fin de evitar molestias a la ciudadanía y el pago de las costas, recargos e intereses de demora al municipio”, afirma Ester Pellejer, portavoz de CHA en el Ayuntamiento bilbilitano.
La moción de CHA también solicita que el Ayuntamiento de Calatayud estudie la posibilidad de incorporar en las ordenanzas el establecimiento de bonificaciones en unos casos, o reintegros en otros, de situaciones manifiestamente injustas. “A instancias de CHA, otros ayuntamientos zaragozanos, así como el pleno de la Diputación de Zaragoza, han aprobado diferentes mociones en este sentido con el fin de que la unión haga la fuerza y logremos el objetivo”, asegura Ester Pellejer.
El Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como Plusvalía, es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos cuando se transmite una bien inmueble, tal y como lo estipula el artículo 104.1 de la Ley de Haciendas Locales.
Pero el cálculo del impuesto provoca situaciones manifiestamente injustas, dada la depreciación que han sufrido los inmuebles entre los años 2006 y 2015. Si, como es el caso de numerosos municipios, los valores catastrales se establecieron en esos años de máximos precios (2006-2008), quienes adquirieron los bienes entonces y los transmitieron en época de mínimos precios (2014-2015), “han padecido en realidad un decremento pero se les está cobrando importantes cantidades por este impuesto”.
Las reiteradas sentencias en contra de los Ayuntamientos que han cobrado estas plusvalías están obligando a los municipios a devolver a las personas que han ganado el recurso contencioso-administrativo, la liquidación del impuesto en caso de haber sido ésta abonada, con los intereses de demora que prevé la Ley General Tributaria desde la fecha del ingreso hasta su reintegro.
Igualmente, varios municipios como Zaragoza, Cuarte de Huerva o Exeya d’Os Caballers, han acordado bonificar en determinados casos, la adquisición o transmisión ‘mortis causa’ en función del valor catastral de los inmuebles heredados.
