El próximo lunes 23 de enero se celebrará en Rabat otro “juicio farsa”, tras el aplazamiento del juicio del pasado 26 de diciembre, contra 24 personas saharauis que fueron detenidas durante el campamento de Gdeim Izik, así como después de su desmantelamiento por parte de Marruecos el 8 de noviembre de 2010.
Este campamento se levantó a las afueras de El Aaiun ocupado, capital del Sahara Occidental, por más de 20.000 saharauis para reclamar sus derechos sociales, civiles y políticos, y tras dos meses resultó brutal y violentamente desmantelado por las fuerzas de ocupación marroquíes.
Tras décadas de brutal ocupación por parte de Marruecos, el Pueblo Saharaui sigue viendo vulnerados sus más elementales derechos y este juicio es una prueba más de ello. En este juicio, se solicitan penas de hasta 30 años para estos 24 saharauis que llevan ya seis años en prisión y que fueron juzgados por un tribunal militar marroquí en 2013, tras tres aplazamientos anteriores.
Este juicio fue denunciado por observadores internacionales y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos por irregularidades en el proceso y falta de garantías procesales para las personas acusadas, denunciando la ausencia de pruebas incriminatorias, así como la obtención de las confesiones que se produjo bajo tortura. En resumen, se trató de un procedimiento nulo de pleno derecho y sin garantías.
Por estos motivos se han convocado distintas movilizaciones, tanto en Zaragoza como en Madrid, para exigir la libertad de estas personas detenidas y que están a punto de ser juzgadas por un tribunal que no tiene competencia para ello. La concentración en la capital aragonesa ha sido convocada por el movimiento solidario con las personas saharauis presas para este lunes a las 19.00 horas en la Plaza de España de Zaragoza, enfrente del edifico de la Diputación. Y en Madrid, la movilización tendrá lugar el mismo día 23 de enero a las 17.00 horas delante de la Embajada marroquí –calle Serrano, 179-.
Desde la organización aseguran que tal y como dicta la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “el Sahara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos por lo que este país no tiene ninguna soberanía sobre el territorio, de ahí la ilegalidad de juzgar a ciudadanos y ciudadanas saharauis por algo que ocurrió en el Sahara Occidental, fuera de territorio marroquí”.
Tras la presión internacional, el Tribunal de Casación marroquí declaró nulo el juicio militar y remitió el procedimiento a la jurisdicción ordinaria que señaló el juicio civil contra los presos políticos saharauis para el pasado 26 de diciembre, “fecha que fue conscientemente elegida para evitar la presencia de observadores y juristas internacionales, así como personas del movimiento de solidaridad con el Pueblo Saharaui por tratarse del día siguiente a la fiesta de Navidad”.
A juicio de la organización convocante, con este juicio se “vulnera una vez más la legalidad internacional”, ya que Marruecos aplazó dicho juicio hasta el próximo 23 de enero y denegó la solicitud de libertad provisional para las personas presas, “cuyo único delito ha sido ser saharauis y defender los derechos de su pueblo en su propio territorio, pueblo que lleva más de 40 años luchando por volver a su tierra y por conseguir que se celebre finalmente el referéndum de autodeterminación mediante el que las y los saharauis puedan decidir libremente su futuro”.
“Marruecos demuestra una vez más que su única razón es la fuerza y adopta una nueva decisión política represiva, utilizando los tribunales como un instrumento más en la acción sistemática de vulneración de los derechos de la población saharaui que lo único que hace es luchar contra la ilegal ocupación de su País”, concluyen afirmando.
