La Oficina del Defensor del Pueblo ha respondido a la queja presentada el pasado 25 de diciembre por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contra algunas de las afirmaciones vertidas por Felipe de Borbón en su discurso de navidad, afirmando que “no procede la intervención de esta institución sobre la cuestión planteada”.
Cabe recordar, que durante la pasada nochebuena, dentro de su discurso de navidad, Felipe de Borbón aseguró, “son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas”. Un argumento que se repite de manera constante desde diversos sectores de la derecha contra las demanda de las víctimas de la dictadura franquista.
La queja de ARMH, que desde hace dieciséis años busca e identifica a personas desaparecidas, señalaba que “una jefatura de Estado no electa debe ser especialmente meticulosa en su deber de representar a toda la ciudadanía y en especial a aquellos que demandan en cumplimiento de derechos humanos”.
Por estos motivos, y sin saber dónde llevar a cabo una queja, la ARMH decidió dirigirse a la Oficina del Defensor del Pueblo, solicitándole que en sus recomendaciones se dirigiera a la jefatura del Estado para “reclamarle el respeto que merecen las familias de las 114.226 personas desaparecidas de la dictadura franquista”.
Advirtiendo asimismo de la “discriminación que sufren las víctimas de franquismo con respecto, por ejemplo, a las del terrorismo, a las que el jefe del Estado se ha dirigido siempre con el máximo respeto y a las que jamás les diría que no agiten viejos rencores ni heridas cerradas”.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, explica en su respuesta las razones de su no intervención:
1/ Función del Defensor del Pueblo. A tenor de lo dispuesto en los artículos 54 de la Constitución y 1 de su Ley Orgánica Reguladora (L.O. 3/1981), el Defensor del Pueblo defiende los derechos constitucionales mediante la supervisión de la actuación de la Administración, de la que no forma parte el Jefe del Estado, cuyos discursos no son objeto de supervisión por esta institución.
2/ Órgano de representación popular. Como es propio de los regímenes parlamentarios, la Constitución proclama que las Cortes Generales representan al pueblo español (artículo 66), mientras que configura al Rey como representante del Estado: “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales” (artículo 56), sin que la Corona ostente carácter de órgano de representación popular, dado que su magistratura no es electiva.
Una vez estudiado el contenido de su queja, a la luz de los preceptos constitucionales y de la ley orgánica mencionados, resulta preciso manifestarle que no procede la intervención de esta institución sobre la cuestión planteada.
Sin embargo, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) no se planteaba la supervisión de los discursos de Felipe de Borbón, sino el “cumplimiento de su juramento en el día de su coronación, en la que se comprometió a jurar y hacer guardar la constitución, y por eso se le reclamaba la igualdad de trato con respecto a otras víctimas de delitos violentos como las del terrorismo”.
En los próximos días, la ARMH hará llegar a Felipe de Borbón los informes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, ambos organismos de la ONU, que han sido contundentes con respecto a las obligaciones del Estado español hacia los derechos de las víctimas de la dictadura franquista.
