La Delegación del Gobierno de España en Zaragoza, con Gustavo Alcalde como Delegado, enviaba la semana pasada un requerimiento al Gobierno de Zaragoza para que sea anulado el Decreto de Paraísos fiscales, aprobado por Zaragoza en Común el pasado mes de julio.
El Decreto, recoge una cláusula a incluir en todos los pliegos administrativos y por la cual, todas las empresas que realicen actividades ilegales vinculadas en paraísos fiscales y que hayan sido condenadas por este motivo, no podrán acceder a adjudicaciones con el ayuntamiento o les será rescindido el contrato en caso de que dicha adjudicación fuera anterior a la aprobación del decreto.
El Consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, anunciaba la decisión de hacer caso omiso al requerimiento de Gustavo Alcalde, con un vídeo en la redes sociales.
Cubero ha afirmado que "el Gobierno de España debería luchar contra los paraísos fiscales, y no invertir su tiempo en atacar a aquellos ayuntamientos que desde nuestras limitadas competencias municipales tratamos de poner freno a la corrupción y a los paraísos fiscales".
Sin embargo, ha considerado que es normal que el Partido Popular, al que ha calificado como "la principal trama de corrupción", se dedique a atacar a quienes osan luchar contra los paraísos fiscales, pues es allí "donde lavan el dinero de sus cajas B y sus corrupciones".
Por todo ello ha asegurado que el gobierno de Zaragoza no va a atender la petición de Gustavo Alcalde, algo que ha subrayado rompiendo ante las cámaras el escrito enviado desde Delegación del Gobierno, y concluyendo que "vamos a seguir luchando contra los Paraísos Fiscales, porque nosotras somos un gobierno decente".
