El Ayuntamiento de Zaragoza obligado a indemnizar a 13 opositoras por una decisión tomada por el anterior gobierno socialista

El consistorio deberá indemnizar con 500.000€ a las 13 trabajadoras municipales que, tras tener aprobada la oposición vieron como su nota decaía, debido a un decreto firmado por la anterior consejera de Personal, Lola Ranera

07 octubre, 2016. 19:45
Lola Ranera en una imagen de archivo. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

El consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha informado en rueda de prensa esta mañana sobre la sentencia que obliga a pagar al Ayuntamiento de Zaragoza un total de 500.000 € a 13 mujeres que se presentaron a la oposición de auxiliar administrativo celebrada en 2011.

Cubero ha explicado que "una vez realizado el examen y conocidas las calificaciones, la anterior consejera de Personal, Lola Ranera, cambió el baremo de la oposición mediante un decreto unilateral". De este modo, las 13 afectadas, que habían aprobado la oposición en primera instancia, vieron cómo su nota decaía. Mientras, otras 13 personas que no habían aprobado, con el cambio de baremo, pasaron la prueba.

Las trece afectadas recurrieron ante el juez y, en 2015, el actual Gobierno de Zaragoza las readmitió tras pronunciarse el TSJA a su favor, indicando que la decisión fue arbitraria. Se admitió a las afectadas en base a considerarlas "aprobadas de buena fe". Ahora se conoce esta sentencia, que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a las trece trabajadoras por los años entre 2011 y 2015.

Una vez conocida esta sentencia, Cubero ha pedido a la anterior responsable de Personal "responsabilidades políticas por tomar una decisión contraria a la norma". En este sentido, ha añadido que "las malas decisiones de la señora Ranera han costado a este Ayuntamiento sólo en esta semana un millón de euros" (en relación también con la votación en contra de remunicipalizar la depuradora de l'Almozara).

En este sentido, Cubero ha criticado "las decisiones arbitrarias tomadas por Lola Ranera en materia de Personal" y, respecto a la remunicipalización, ha declarado que "existe una campaña de desprestigio de la prestación directa de servicios públicos".

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