El grupo parlamentario de CHA, ha presentado sendas quejas por incumplimiento de los preceptos dispuestos en el Reglamento de las Cortes de Aragón referidos al derecho de información de los diputados y diputadas. Gregorio Briz, portavoz de CHA, ha indicado, "tenemos derecho a conocer aquellas cuestiones que afecten a los intereses de Aragón".
"Si el Gobierno de Rajoy aprueba paralizar la inversión de lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado para este año queremos saber si las partidas bloqueadas afectan o no a las compromisos inversores con Aragón", apunta Briz. "Estamos hablando de partidas económicas para mejorar el ferrocarril convencional y los desdoblamientos de carreteras pendientes".
Y añade el portavoz de CHA, "sin embargo se nos niega ese derecho ocultando esta información, dejando en desamparo el derecho contemplado en las Cortes de Aragón a las personas que representan a la ciudadanía. Y ambas cuestiones creemos que son muy graves".
El pasado 5 de mayo, el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto (CHA) presentó un escrito en el Registro de las Cortes de Aragón en el que se solicitaba, amparándose en el artículo 12.6 del Reglamento de las Cortes de Aragón, “una relación de todas y cada una de las partidas presupuestarias, destinadas a inversión en Aragón, tanto por parte del ministerio de Fomento como del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, que se verán afectadas por el acuerdo de ‘no disponibilidad de crédito’ para el presente ejercicio, anunciado por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el pasado mes de abril”. Así como “el criterio utilizado para incluir esas partidas dentro de ese concepto”.
Sin embargo, como respuesta a dicha petición, CHA recibió una respuesta en la que se asegura, a modo de conclusión, que el gobierno del Estado español “está sometido al control político de las Cortes Generales” y que “por este motivo la solicitud de información deberá en su caso sustanciarse en el ámbito del Congreso de los Diputados”.
Posteriormente, desde CHA se presentó una primera 'queja', con fecha 3 de junio, en el que citando el artículo 12.6 del Reglamento de las Cortes de Aragón, "indica que los diputados y diputadas también podrán solicitar de la Administración del Estado, a través del portavoz de su Grupo Parlamentario y por conducto del Presidente de las Cortes, información y documentación que afecta a materias de interés para Aragón, y que dicha solicitud fue presentada en tiempo y forma, pero no ha tenido, a nuestro entender, la respuesta adecuada a los principios de derecho a solicitud de información y documentación de otras instituciones que ampara a los diputados de las Cortes, presentamos el presente escrito de QUEJA, con base en el artículo 12.5, al objeto de volver a requerir la petición de información demandada inicialmente y solicitar además de la Presidencia de las Cortes que adopte todas las medidas a su alcance y envíe recordatorio al Delegado del Gobierno con el objetivo de que los derechos de los diputados estén suficientemente amparados, dándose por tanto una respuesta adecuada a dicha petición de información”.
Más tarde, en respuesta a la citada ‘queja’, Chunta Aragonesista recibió respuesta por parte del Delegado del Gobierno en Aragón. En ella que se reconocía el traslado de la petición a los ministerios de Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, "a los efectos oportunos”.
Sin embargo, el pasado 13 de julio, nuevamente la Delegación del Gobierno informaba de la existencia de "un informe de la Abogacía del Estado en el que se indica que la documentación requerida a los órganos de la Administración General de Estado referente al ejercicio de una competencia exclusiva del Estado no es de obligatoria remisión” a una Asamblea Territorial. Y concluye, “no procede remitir la documentación requerida a este ministerio por afectar a materia de competencia estatal no susceptible de control parlamentario autonómico”.
En consecuencia, desde Chunta Aragonesista se presentó otro escrito de ‘queja’ en el que solicitan que "se atienda la petición de información demandada, dado que se considera que en ningún caso se trata de una cuestión de 'control parlamentario', sino de mera información sobre un acuerdo tomado por el Gobierno del Estado español, amparándonos en lo establecido en el vigente Reglamento de las Cortes de Aragón".
Es más, dado que según el “Portal de la Transparencia” del Gobierno del Estado español, donde se explicita el derecho de acceso a la información pública, "se entiende por dicho concepto, los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos que integran las Administraciones Públicas y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”, dentro del marco legal de la “Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno”. Por tanto, "solicitamos también una copia del informe emitido por la Abogacía del Estado en el que se basan ambos ministerios para negar la información demandada", concluyen desde CHA.
