Izquierda Unida Aragón reclama la anulación de la Autorización Ambiental Integrada para la puesta en marcha de una central de incineración de biomasa en la ciudad de Monzón.
Han transcurrido más de dos meses desde que el INAGA comunicó la intención de revisar de oficio el expediente por el que se otorgaba esta autorización ambiental y se formulaba la Declaración de Impacto Ambiental para la puesta en marcha de la planta de biomasa y, a día de hoy, nada nuevo se ha sabido de esta revisión. “Ni se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón la apertura de procedimiento de revisión ni tampoco se ha dado traslado a las partes interesadas en el proyecto para hacer enmiendas, aportaciones o alegaciones a la nueva documentación que pudiera ser revisada por el INAGA”, explica la portavoz parlamentaria de IU Aragón, Patricia Luquin.
En este tiempo transcurrido, IU ha tenido conocimiento de la existencia de un informe del Servicio de Cambio Climático del Gobierno de Aragón al INAGA, de fecha 15 de diciembre de 2015 en el que, "entre otras cosas y, solamente, en relación al estudio de dispersión de partículas contaminantes aportado por la empresa, se dice cosas tan serias como que el estudio no viene firmado y, por tanto, no consta la cualificación profesional ni académica, ni experiencia de sus autores y tampoco está visado por ningún colegio profesional". Además, “se señala que el estudio no tiene en cuenta el ozono, a pesar de que el INAGA lo exige explícitamente, ni considera niveles posibles de concentración de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP), que deben conocerse dada la naturaleza del combustible utilizado”, señala el concejal de Cambiar Monzón, Miguel Aso.
Aso asevera, igualmente, que “Cambio Climático del Gobierno de Aragón, le señala al INAGA, en cuanto a los contaminantes, que del modelo de dispersión de partículas presentado por el promotor y que sirvió de base para conceder la autorización ambiental, se desprende que tampoco se estima PM 2.5 a pesar de que el INAGA lo solicitó inicialmente”.
Por último, desde IU advierten que el estudio presentado por la empresa, tal y como señala Cambio Climático del Gobierno de Aragón, “no tiene en cuenta en sus resultados los distintos focos de emisión en la zona, aparte del propio proceso industrial. Se limita a la adición de unos valores de fondo, obtenidos de los datos de las estaciones de la Red Regional de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos de Aragón como forma de tener en cuenta todos los efectos derivados de las emisiones de otras fuentes existentes”.
“Esto hace que el estudio presentado por el promotor, según señala Cambio Climático del Gobierno de Aragón, no considere el peor escenario posible en cuanto a calidad del aire se refiere”, explica Luquin para quien “debería haberse estudiado aquellos focos ubicados hoy en Monzón, que puedan afectar a la calidad del aire, operando a pleno rendimiento”.
Por todo ello, la diputada de IU ha señalado que “si autorizar una central de esas características a 600 metros de una ciudad como Monzón ya era algo que entendíamos no defendía el interés general de los ciudadanos, dar permisos para implantarla con las deficiencias técnicas tan serias en el modelo de dispersión de contaminantes, nos lleva a exigir al INAGA que anule la autorización otorgada y se ponga del lado de los ciudadanos y el interés general”.
Así IU ha preguntado al Gobierno de Aragón a qué atribuye las serias deficiencias técnicas encontradas por el Servicio de Cambio Climático, “deficiencias que pasó por alto el INAGA”, en relación, entre otras cosas, al estudio de dispersión de partículas contaminantes presentado por el promotor. "Estudio que debe servir para evaluar afecciones a la salud de las personas y el medio natural de una central eléctrica de biomasa ubicada a 600 m del casco urbano de Monzón", apostilla.
Además, Luquin pregunta al Ejecutivo aragonés si considera que "las serias deficiencias técnicas pasadas por alto por el INAGA y encontradas por el Servicio de Cambio Climático, son suficiente argumento jurídico, ya no para una simple revisión del expediente, sino para anular la Resolución por la que se otorga Autorización Ambiental Integrada y se formulaba la Declaración de Impacto Ambiental en agosto de 2015, postergando la misma a un nuevo trámite que garantice al máximo la Salud Pública y minimice afecciones al medio natural”.
Por último, IU ha pedido información sobre la fase en la que se encuentra la revisión de oficio anunciada en los primeros días de febrero de 2016 y de la que hoy nada se sabe y sobre las fases concretas que tendrá la revisión de oficio anunciada para este expediente y en cuál se encuentra.
