Según relata ALAZ en un comunicado, "sobre las 19.00 horas la policía marroquí se personó en el hotel de Rabat en el que estaba Guelbenzu y se la llevó junto a otros 4 juristas españoles que habían acudido a realizar el seguimiento de la situación legal de los presos saharauis del grupo de GdeimIzyk". Estuvieron más de tres horas en comisaria incomunicados y hoy están siendo devueltos al Estado español.
"Nuestra compañera se encontraba ahí con el objetivo de comprobar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno marroquí y el estado de salud de 13 presos políticos saharauis, confinados en una cárcel de Salé (Marruecos), que llevaban en huelga de hambre más de 35 días en protesta contra su tortura y detención arbitraria por parte de las autoridades marroquíes", añade el texto.
Desde ALAZ denuncian la actuación del Gobierno Marroquí y la permisibilidad del Gobierno español ante estos hechos. "El hecho es muy grave, pues entre otros se está atentando contra el Derecho Fundamental del Derecho a la Defensa de las personas que están sufriendo violaciones de Derecho Humanos en el país", subrayan.
Para ALAZ, esta expulsión "no es sino un claro ejemplo de que el Gobierno Marroquí no quiere que haya observadores defensores de los Derechos Humanos en su país, dando a entender claramente que algo tiene que ocultar, siendo el Gobierno español cómplice de ello, al aceptar las explicaciones que dio el Gobierno de Marruecos con respecto a su detención, afirmando el cónsul español en Rabat, Jacobo González-Arnao, que las causas de la expulsión se basaban en considerar sus 'actividades no aptas e incluso subversivas' y en no llevar el dinero suficiente como para pasar un mes allí ni billete de vuelta".
"En ALAZ abogamos por la defensa de los Derechos Humanos allá donde existan violaciones de los mismos, consideramos que la detención de nuestra compañera ha sido ilegal e injustificada y denunciamos la actuación del Estado marroquí por violar los Derechos Humanos y al Estado español por ser cómplice de ello", concluyen.
Este jueves, la Comisión de Información para el Sahara Occidental (CISO) del Ayuntamiento de Zaragoza también ha denunciado al Gobierno marroquí por los mismos hechos. Asimismo, el Consejo General de la Abogacía española ha publicado una carta de repulsa en su web.
