PSOE, PP y C's apoyan el proyecto de Ley de Amnistía en Venezuela

Prevé exonerar 50 tipos de delitos, como la financiación del terrorismo, incluido el tráfico de drogas, la estafa inmobiliaria, delitos de corrupción y la especulación con alimentos y medicinas

El expresidente Felipe González, Cristina Cifuentes y Mario Vargas Llosa arroparon a Lilian Tintori, en la presentación del libro de "Preso, pero libre", escrito por su marido, Leopoldo López, y editado por Planeta.

El 16 de marzo de 2016, la mayoría opositora en la Asamblea Nacional venezolana aprobó el denominado Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. En contra de lo que su nombre indica, su contenido ha sido denunciado como lesivo hacia los derechos humanos y el Estado de Derecho.

El Proyecto de Ley plantea dejar impunes, como lo indica su artículo 4, delitos como "la instigación a delinquir"; "la violencia o resistencia a la autoridad"; "causar pánico a la colectividad"; "la obstaculización de la vía pública"; "la asociación para delinquir"; "la importación, fabricación, porte, detentación, suministro u ocultamiento de artefactos explosivos o incendiarios"; "el uso de menores en la comisión de delitos"; "los daños a las instalaciones en el Sistema Eléctrico Nacional"; y "la traición a la patria"La única condición para resultar beneficiado es que los responsables penales argumenten que la comisión de los hechos obedeció a una "finalidad política".

Llama la atención que relevantes personalidades y partidos políticos del estado español, como PP, Ciudadanos y PSOE, hayan expresado su respaldo a este proyecto de Ley, sobre todo atendiendo a las características de los delitos que se pretenden perdonar, que incluyen no sólo los antes mencionados, sino también el de financiación al terrorismo (artículo 20) y el de terrorismo individual (artículo 15). Conscientes del compromiso que estos partidos políticos españoles han expresado sostener contra la violencia política, causa perplejidad que respalden en Venezuela iniciativas de signo absolutamente contrario a los valores y las causas que aseguran defender en su propio país.

Los portavoces de la oposición venezolana, en su defensa de este proyecto, se remiten a las protestas que promovieron sus sectores más extremistas en 2014 en la llamada operación "La Salida", dando lugar a las "guarimbas", cierre de calles con barricadas, quema de transportes públicos, centros de atención a niñas y niños, instalación de cables de acero en las avenidas, etcétera, pero evadiendo la naturaleza violenta que paradójicamente se refleja en el contenido de este Proyecto de Ley, y, específicamente, procurando centrar la atención en la figura de uno de los principales instigadores de esta operación, que dejó un saldo de 43 muertos y más de 800 heridos, el ciudadano Leopoldo López. Sin embargo, este instrumento pretende cubrir crímenes que van mucho más allá de estos hechos, incluyendo un amplio espectro de delitos comunes, como por ejemplo:

-El acaparamiento y la especulación con alimentos y medicinas. Se libera de responsabilidades a directivos, empleados y representantes de empresas productoras, comercializadoras o distribuidoras de medicinas, alimentos, bebidas o bienes de primera necesidad, que hayan cometido delitos como la especulación, el boicot, la alteración fraudulenta de los precios, el condicionamiento de la venta, el expendio de alimentos vencidos [caducados] y su acaparamiento injustificado (Artículo 19).

-La corrupción. Se prevé liberar a quienes hayan cometido delitos penales o de corrupción en su calidad de dirigentes políticos (Artículos 16, 17, 18 y 22).

-La estafa inmobiliaria. Se beneficiarán quienes hayan cometido delitos de fraude, estafa y usura inmobiliaria vinculados a la actividad privada de la construcción de viviendas. (Artículo 31).

-El tráfico de drogas. Concede la amnistía a quienes se les haya encontrado vendiendo drogas y estupefacientes de menor cuantía en los campamentos o manifestaciones realizados por sectores opositores. (Artículo 30)

Peor aún, se ampara la comisión de este amplísimo rango de delitos desde el 1 de enero de 1999 y hasta la aprobación de este instrumento, instando a que se sigan cometiendo en la actualidad (hecho muy preocupante cuando la oposición sigue llamando a la violencia en las calles). Así queda claro que uno de los objetivos primordiales de este Proyecto de Ley consiste enexonerar de responsabilidades a todo aquel que se vincule a los intentos de derrocamiento del Gobierno constitucional venezolano, desde la primera investidura de Hugo Chávez como presidente en 1999.

Además, a diferencia de la Ley de Amnistía que dictara el presidente Chávez en 2007, por el golpe de Estado de abril de 2002 contra su gobierno (y que exoneró de manera definitiva a todos los actores políticos implicados), esta Ley no se plantea en un contexto de diálogo social. En su elaboración, se negó la posibilidad de que las víctimas y sus familias pudieran opinar y exponer su criterio. De hecho, los 45 artículos que tiene la Ley no las mencionan, ni resarcen en ninguna de sus partesSe otorga la amnistía sin que deba mediar reconocimiento de los hechos, ni petición de perdón. Por tanto, no solo promueve la impunidad y el olvido, sino que vuelve a victimizar a numerosas personas que de esta manera recibirán un doble castigo: el dolor por los delitos sufridos y la exoneración sin ningún tipo de reparación de sus perpetradores.

En estos momentos, el proyecto ya ha sido aprobado por la mayoría parlamentaria opositora en su primera discusión. En su segunda discusión se deberá debatir artículo por artículo y, de aprobarse, deberá ser sometido al Presidente para su promulgación. El Presidente está constitucionalmente habilitado para vetarlo y someterlo al examen del Tribunal Supremo (órgano equivalente al Tribunal Constitucional), que podría impugnarlo. Confiamos en que el funcionamiento regular de las instituciones venezolanas sea respetado por todos los actores políticos, tanto nacionales como internacionales.

En definitiva, el llamado "Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional", tal y como ha sido planteado por la oposición venezolana, genera indefensión en las víctimas y sus familiasincrementa la inseguridad jurídicapromueve la comisión de delitos similares en el futuro e impulsa la impunidad. Los partidos democráticos de cualquier nación, independientemente de su ideología política, deberían desaprobar esta iniciativa y expresar un posicionamiento claro a favor de la necesaria asunción de la responsabilidad penal, así como del respeto a la dignidad, justicia y reparación de las víctimas, en un marco de diálogo social sin revanchismos que permita a Venezuela continuar avanzando hacia un futuro en paz y concordia.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies