Esta asociación opina que en estos momentos no existe en la práctica un “Estado Aconfesional" y que "ni por el mínimo 'decoro' se cumple ni se hace cumplir el artículo constitucional 16.3 de la Carta Magna que recoge el principio de aconfesionalidad del Estado y de sus instituciones". "Si de verdad se hubiera cumplido ese principio constitucional, hace años que no habría capillas en las universidades públicas y por lo tanto estos hechos jamás hubieran ocurrido", denuncia.
"Sin embargo -continúa MHUEL-, en lugar de una ley que proteja la libertad de conciencia, pensamiento y religión, tenemos en vigor un código penal que castiga la ofensa al sentimiento religioso, dejando que en su interpretación aparezcan los posicionamientos ideológicos y religiosos de la judicatura".
MHUEL se pregunta: "¿Dónde está la divisoria entre la ofensa al sentimiento religioso y la libertad de expresión?". En este sentido MHUEL subraya que "muchos casi demasiados son los casos en los que jerarcas religiosos, hacen declaraciones contrarias a derechos fundamentales en claro enfrentamiento contra leyes civiles y sistemáticamente son amparadas por su libertad de expresión" y "sin embargo cuando se recuerda aquello que figura en la Constitución del 78, se aplica el artículo 524 del código penal".
Por ello, desde MHUEL siguen reclamando el desarrollo legislativo del principio de aconfesionalidad del Estado y una ley de libertad de conciencia, pensamiento y religión.
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