El Gobierno de Zaragoza se ha reunido este lunes con carácter de urgencia para aprobar la declaración de lesividad del acuerdo del Gobierno de 11 de junio de 2015, por el que se aprobó la “liquidación correspondiente a los ajustes por inversión y coste de puesta en marcha del contrato de Transporte Urbano de Zaragoza 2013”.
"Este trámite era necesario para acudir a la sala de lo Contencioso Administrativo, que es la competente en determinar si una acción, tomada por un gobierno en funciones, puede revocarse por ir en contra de los intereses públicos", explican fuentes municipales en una nota de prensa.
Cabe recordar que el proceso de liquidación de la anterior contrata del autobús urbano, que gestionaba TUZSA, y su traspaso a la nueva, AUZSA –que, además, pertenece al mismo grupo empresarial- incluía una serie pagos y ajustes económicos que estaban contemplados en las cláusulas administrativas particulares del pliego de condiciones.
"Básicamente -añade la nota-, esos pagos se recogían en dos grandes epígrafes: el valor residual de la anterior contrata (inversiones realizadas en renovación de flota, renovación de paradas, etcétera) y los costes de puesta en marcha con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales como principal montante".
En el apartado correspondiente a la puesta en marcha, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales ascendía a 104.000 euros y se incluyó 1.915.783,23 euros en concepto de “Indemnizaciones por reestructuración de personal”, así como 221.372,24 euros en “Otros gastos”, la factura de los abogados de la empresa 170.834,95 euros o los gastos de Correos y Telégrafos 7.932,51 euros.
El Gobierno de Zaragoza en Común, desde que fue conocedor de estos hechos, consideró que eran lesivos, ya que se trataba de pagar con dinero público los despidos de las y los trabajadores del transporte urbano, por eso se inició el expediente de Lesividad.
