El pasado pleno del Ayuntamiento de Teruel llevamos una propuesta de resolución por la que se demandaba al Gobierno español la adopción de medidas en materia de energía para proteger a los consumidores del robo que están padeciendo con las constantes y exponenciales subidas de los carburantes, el gas y la electricidad.
En concreto, la propuesta iba destinada a reclamar la intervención del mercado energético y la regulación de precios máximos para familias y empresas, así como instar a acometer una transición energética basada en las renovables, mediante la planificación de una implantación estratégica y ordenada de estas fuentes de energía, que nos proporcionen mayor autonomía.
El modelo energético europeo es excesivamente dependiente del suministro de combustibles fósiles baratos del exterior que mueven nuestros vehículos o calientan nuestros hogares, y por eso defendemos modelos más descentralizados en los que las energías renovables, las comunidades energéticas y el autoconsumo jueguen un papel protagonista, proporcionando también unos precios razonables por los consumos de energía.
Urge una progresiva sustitución de éstos por fuentes de energía eléctrica procedentes de recursos propios y renovables y hay que entender que la transición energética es una necesidad estratégica. Es necesario poner en marcha un Plan de ordenamiento de los recursos energéticos, que incorpore una visión de conjunto y no fragmentada de la implantación de la producción de energías renovables.
Tenemos la obligación de dejar atrás este perverso modelo neoliberal y apostar por otro más sostenible y regulado que establezca los precios de la factura en base a criterios objetivos y no especulativos de suministros básicos.
Si nos centramos en la producción y consumo de energía eléctrica podemos observar algo escandaloso. El 80% de la luz que consumimos en Aragón es de origen renovable, es decir, que tiene coste de producción inferior a 30 euros por MWh, y sin embargo arrancábamos esta semana pagándola a 219,42 euros el Mwh. A precio de producción mediante gas.
El alto precio de la energía se ha convertido en uno de los principales problemas de la economía y tiene su origen en el funcionamiento del mercado energético. Nos encontramos ante un mercado roto en el que los precios no hacen más que subir sin que de manera natural se regulen en interés de los y las consumidoras, con unas graves afecciones sobre las familias, la industria y los negocios en general.
Un Estado no puede permitir que los mercados eléctricos y energéticos especulen con las condiciones de vida y dignidad de las personas. Son necesarias medidas que frenen su impacto en la ciudadanía y economía. Urge una nueva regulación que elimine el gas del pool eléctrico y la reforma del modelo de fijación de precios, pero es necesaria una inmediata intervención de los precios de la energía.
Defendemos que se establezca el precio máximo de la electricidad en 50 euros por Mwh, más que suficiente para cubrir los costes de producción, como proponen las organizaciones de consumidores. Las medidas que presentamos y defendimos en el pleno municipal fueron rechazadas por PP y PSOE.
La bajada de impuestos a la electricidad que defienden puede servir de manera puntual para contener la factura ante unas circunstancias coyunturales, pero la subida de la electricidad no la provoca los impuestos. Nos enfrentamos a un mal estructural. La electricidad sube por que las empresas energéticas suben los precios de la luz sin causa que lo justifique, y no hay más.
La electricidad no hace más que subir y a esto hay que sumarle un exponencial incremento de los hidrocarburos en forma de petróleo o gas natural. La situación es alarmante y se hace necesaria una intervención de los precios en un mercado no regulado y roto.
Es hora de que empecemos a controlar de nuevo los sectores estratégicos, desde lo público y para articular un sistema energético más justo y eficiente, y es por ello que es necesaria una vuelta a la regulación del sector y a la creación de una empresa pública que opere en el sector, pero mientras esto sucede urge tomar medidas correctoras que atenúen el impacto en las familias y las empresas.
Hay que revertir la liberalización y desmantelamiento del antiguo sistema regulado que garantizaba el control del alza de los precios y el mantenimiento de las ganancias de las empresas suministradoras de energía. Los gobiernos están para defender los intereses de la ciudadanía y el interés general, ¿o no?
