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365 días de lucha contra la involución, la corrupción y pérdida de derechos

No llega la reforma de la administración local, no llega la reforma de las pensiones (¡y menos mal!), no aparece la ansiada recuperación económica y de empleo,…, Estos son los grandes temas pendientes a fecha 31 de julio, y que evidencian la paralización política de un Gobierno español enfangado hasta las cejas en la corrupción...
| 22 agosto, 2013 08.08

CHANo llega la reforma de la administración local, no llega la reforma de las pensiones (¡y menos mal!), no aparece la ansiada recuperación económica y de empleo,…, Estos son los grandes temas pendientes a fecha 31 de julio, y que evidencian la paralización política de un Gobierno español enfangado hasta las cejas en la corrupción institucional. Pero la realidad es que el proceso de desmontaje contínuo del raquítico estado del bienestar del que disfrutábamos hasta hace cinco años, ha seguido durante este año en marcha con toda su intensidad.

Las iniciativas son casi diarias: en sanidad, en educación, en justicia, en asistencia social… No hay un solo sector de los que, desde un perspectiva socialista, contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más cohesionada y más equilibrada, que no haya sufrido un importante revés, con el objetivo, indisimulado, de transformar el estado español en un régimen supuestamente liberal que solo protegerá en un futuro las inversiones y la propiedad de la clase mas acaudalada de la sociedad. Y para todo ello es necesario podar el Estado hasta su máxima expresión, todo bajo la idea central del: «no nos lo podemos permitir», que oculta en realidad procesos indiscriminados de privatización y de recortes de derechos civiles y sociales. Todo ello trufado por el hedor de la enorme femera de la corrupción que atenaza a los grandes partidos y que aún desenmascara más la supuesta legitimidad moral de las decisiones que se van perpetrando.

Ante eso nuestra ciudadanía ha reaccionado con una capacidad de protesta social intensa, con la articulación de alternativas, con el resurgir de una sociedad civil, la aragonesa, tantos años dormida bajo el sopor de un Gobierno PSOE-PAR que todo lo anestesiaba pero que en realidad estaba preparando el camino, cual monaguillo, a las reformas que se avecinaban. Y este es el primer elemento relevante: la intensidad de la respuesta de nuestra sociedad civil y su capacidad de articular su lucha desde distintos frentes. En Aragón lo relevante este año, sin ninguna duda, ha sido la capacidad de concienciación social que han tenido y están teniendo Stop Desahucios, las Mareas Blanca, Verde y Naranja y, por supuesto, la capacidad de respuesta de nuestros mineros en las comarcas del Sur.

Pero si triste es la situación en la están quedando los derechos sociales y civiles, peor aún es la situación del autogobierno aragonés y su capacidad de dar una respuesta aragonesa a las agresiones políticas que vienen desde un gobierno, el español, sin autoridad ni legitimidad moral y política para hacer lo que está haciendo. En Aragón tenemos de facto dos Delegados del Gobierno, uno, el Gobernador Civil de toda la vida, y el segundo, tristemente, la Presidenta del Gobierno de Aragón, que hace de monosabio de las faenas que protagoniza el gobierno español.

Partíamos con una enorme desventaja: la de no disponer de un Estatuto político que nos otorgase competencias financieras y fiscales propias con las que poder acometer con solvencia una situación de crisis aguda. Es dramático ver como somos, los aragoneses, importantes contribuyentes netos per cápita al mantenimiento de un Estado que de poco nos sirve, mientras no podemos acometer las políticas necesarias, por falta de recursos, para poder  subvenir las  necesidades básicas de nuestra gente.

Tenemos que trabajar por el cambio del marco de relaciones con el Estado. Tenemos que explicar a nuestra gente que pudiendo disponer de nuestros recursos económicos, sociales y territoriales, la crisis en nuestro país sería de mucha menor intensidad. Es necesario disponer de soberanía económica y política para poder afrontar el futuro ejerciendo nuestras responsabilidades para con nuestra ciudadanía. Sin derecho a decidir sobre nuestros propios recursos siempre seremos un país subsidiado y dependiente de decisiones de terceros que no conocen ni nuestra realidad social, ni la territorial, y lo que es peor, ni siquiera les interesa.

El próximo curso, como el que ahora termina, debe tener a mi juicio un doble objetivo: continuar con la lucha por conquistar nuevos espacios de igualdad y justicia social, así como, hacer patente que la igualdad, la justicia social y la libertad, no deben ser solo para las personas, sino también para los pueblos. De hecho no habrá lo uno sin lo otro.

Juan Martín (Secretario General de CHA) | Para AraInfo

22 agosto, 2013

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