35 años en defensa de la sanidad pública

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cumple estos días 35 años de lucha por una sanidad universal, pública y gratuita, en un contexto político en el que la privatización de los servicios médicos comienza a ser una constante

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Foto: Pablo Ibañez (AraInfo)

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cumple este otoño 35 años, desde que en 1981, un reducido grupo de profesionales vinculados con la salud, decidieran emprender un camino de lucha tan necesario como es el de garantizar el acceso a unos servicios sanitarios públicos, gratuitos y universales.

En este siglo XXI en el que el capitalismo salvaje a conquistado el mundo, el viejo mantra liberal ha terminado por calar en un sector de la población, asegurando que lo público es más caro y menos eficiente que lo privado, nos encontramos en el contexto perfecto para proseguir con el desmantelamiento de lo público. Hoy, son decenas de servicios externalizados en el sistema público de salud que actualmente prestan consorcios, fundaciones, empresas públicas e incluso privadas.

En la actualidad el Estado español recorre un camino de ida hacia la privatización sanitaria, del que otros países tratan de salir. La experiencia en el Reino Unido en torno al National Health Service, causó unos efectos devastadores en la calidad del servicio y de la cobertura sanitaria. Hoy muchas luchan por recuperar el sistema británico de salud, en batallas que se presentan arduas y laboriosas.

Nuestra realidad es todavía distinta, pero son muchos los territorios en los que políticas liberales de austeridad han propiciado una externalización de servicios, que si no podido llegar más lejos ha sido, en cierto modo, por la contestación a estos procesos tanto de profesionales como de la sociedad civil.

La FADSP es uno de esos estamentos necesarios que vincula la lucha por la defensa de una sanidad que debe abarcarlo todo y para todas las personas. Una lucha por impedir que la sanidad deje de ser pública que, como afirman, será posible con "una poderosa oposición de los usuarios, y por supuesto de los sanitarios. Los primeros como legítimos propietarios y beneficiarios de su actividad, y los segundos como colectivo conocedor de la complejidad del sistema e interesados en desarrollar una buena práctica profesional, no mediatizada por criterios empresariales o ecomicistas. El sistema sanitario tiene bastantes cosas susceptibles de corregir y mejorar, pero no a cambio de su destrucción".

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