Economía

CGT recurre los pliegos de gestión de centros residenciales de menores

La aparición de una nueva categoría profesional denominada como auxiliar y que hasta ahora no existía ha obligado al sindicato a mover ficha ante lo que entienden es una puerta abierta a la contratación de personal con salarios más bajos
| 7 enero, 2019 11.01

La sección de Intervención Social y Educación no Formal de CGT Enseñanza de Aragón y Rioja ha decidido interponer un recurso especial en  materia de contratación tras la publicación en BOA de 10 de diciembre de 2018  de los pliegos que condicionan la gestión de los centros de protección de menores residencial y de transición a la vida adulta de titularidad  privada. Estos centros dependen del IASS de la DGA y van abriendo a medida que se van necesitando.

El sindicato de enseñanza ha decidido impugnar estos pliegos de condiciones por la aparición de la categoría “Auxiliar educativo” figura inexistente hasta ahora en estos centros, e inexistente en los centros de titularidad propia del IASS. Esta categoría conviviría con el resto de trabajadores y trabajadoras –hasta ahora educadores y educadoras sociales–.

“Consideramos que la aparición de esta categoría tiene la clara intención de contratar personal por menos salario para la misma función, aunque en pliegos se definan las funciones de unos y de otros, en la práctica habitual de las entidades y del trabajo diario es imposible distinguir qué es labor del educador o educadora y qué es labor del auxiliar, generando así una situación de desigualdad dentro de un mismo entorno laboral”, advierten desde CGT.

Así mismo, denuncian que en dichos pliegos de condiciones no observamos ningún punto que haga referencia a la revisión del Índice de Precios de Consumo (IPC). “De hecho, no se incrementa ni un euro la cuantía del contrato hasta 2022 o hasta 2028 en caso de prórroga, congelando la nómina de los y las trabajadoras 10 años”, denuncian.

Actualmente se encuentran estudiando el recuso de los pliegos de condiciones para la gestión de los centros propios del IASS, al entender que la no regulación del IPC es una práctica habitual dentro de la educación no formal y en subcontratas dependientes de DGA y Ayuntamiento y que suponen una congelación salarial virtual de la que un ejemplo claro son las más de 100 personas empleadas en Casas de Juventud y PIEES, que llevan desde el 2008 cobrando exactamente lo mismo con la pérdida de poder adquisitivo que esto conlleva.

7 enero, 2019

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