En La Joyosa viven, según los datos del INE a 1 de enero de 2022, 1.119 personas (eran 506 en 2003). Del total, 205 tienen entre 0 y 14 años (37 en 2003). Y 136 acuden al CEIP Ramón y Cajal. Solo hay un colegio. Y se les queda (muy) pequeño.
La escasez de espacio se traduce en que no hay gimnasio, ni sala de profesores, ni aula de informática, tampoco laboratorio o sala de música. Pero principalmente en que, durante el curso actual (2022-2023), 15 alumnos y alumnas de 6º de Primaria tengan que dar clase en el sótano, junto a la caldera de gasoil.
En un espacio que, como denuncian desde la AMPA en un escrito que acaban de entregar al Chsticia d’Aragón, apenas tiene luz natural y es de difícil acceso. De hecho, relatan, durante el último simulacro de incendios no oyeron nada y hubo que bajar a buscarlos. Además, advierten, la salida del sótano hacia el recreo está inhabilitada, por lo que, en caso de emergencia, la evacuación por esa vía sería imposible.
Lo que les cierra el paso son las vallas de unas obras que comenzaron el 8 de noviembre de 2021, y que, según el acuerdo de adjudicación, deberían haber estado terminadas el 19 de enero de 2022. La realidad es diametralmente opuesta.
12 años de quejas desde el colegio de La Joyosa
El problema no es novedoso, aunque sí se ha agudizado sobremanera en los últimos años. El centro solo dispone de cinco aulas. Esto obligó a que, hace 12 años, se empezara a utilizar un salón cedido por el ayuntamiento. Desde 2020 se habilitaron otros dos espacios municipales. A dos de ellos se accede desde el patio, pero para ir al otro (empleado como aula de música y de psicomotricidad), los alumnos y alumnas deben salir a la calle.
En la AMPA llevan años predicando en el desierto, lanzando una voz de alarma que, cuando ha sido escuchada, no ha provocado la reacción que merece. Cansados y cansadas ya de buenas palabras, promesas vacuas y plazos incumplidos, han decidido recurrir al Chusticia y llevarán a cabo una concentración de protesta el próximo 19 de febrero.
Antes de llegar a esta situación, tocaron muchas puertas. En enero de 2020 enviaron una carta al Servicio Provincial de Educación exponiendo su situación. Ante la falta de réplica, lanzaron otra misiva en agosto del mismo año, que corrió la misma suerte. Decidieron entonces probar suerte con los grupos políticos representados en las Cortes de Aragón.
En octubre de 2020 se celebró una primera reunión, y, en otro encuentro que tuvo lugar en enero de 2021, les comunicaron que, con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se iban a acometer unas obras de ampliación en el centro, con las que pasaría a tener 10 aulas.
Seis meses después, en julio de 2021, salió el anuncio de licitación, y el 26 de octubre del mismo año se adjudicó el contrato a Public Service Enterprise S. L., que había hecho una oferta de 318.190 euros (6.500 por debajo del presupuesto base de licitación). Las obras comenzaron el 8 de noviembre de 2021, con el compromiso de estar terminadas el 19 de enero del año siguiente.
Más de un año de retraso
Los meses pasaban, las obras no avanzaban y la preocupación entre madres y padres aumentaba. En una pregunta parlamentaria, realizada por Álvaro Sanz (IU) en las Cortes de Aragón, el 29 de abril de 2022, aseguraba que, tras visitar la zona una semana antes, había comprobado que “solamente se había realizado el esqueleto de la estructura, totalmente diáfano, y nada más”.
En la respuesta, dada el 31 de mayo, el consejero de Educación del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, señalaba que, “ante el retraso acumulado, se le ha requerido al constructor en múltiples ocasiones una nueva planificación que recoja, con los medios reales de que disponga el constructor, la previsión de terminación de los trabajos. No habiendo tenido respuesta hasta el momento”.
También argumentaba que, el 30 de marzo, habían tenido una reunión con el constructor y los Técnicos del Servicio Provincial de Educación, en la que el encargado de la obra, además de exponer los motivos que justificaban el retraso, se comprometió a agilizar el ritmo para conseguir terminar el presente curso escolar.
Dichas excusa, continuaba la contestación eran: “Las lluvias sufridas durante los trabajos de micropilotaje, la aparición bajo el terreno de instalaciones municipales de las que se desconocía la existencia y la ubicación exacta, el retraso en el suministro de algunos materiales y la dificultad de encontrar mano de obra especializada”.
Un nuevo curso: al sótano y al zulo
Llegó septiembre. Y con él, un nuevo curso. Más alumnos y una carencia creciente de capacidad. En otra respuesta parlamentaria a IU, hecha pública el 29 del mes comentado, el Gobierno de Aragón indicaba que estaban estudiando la posibilidad de sancionar a la constructora, también que el Consistorio cedía todos los espacios que podía y que no se planteaban colocar aulas prefabricadas.
Solución: unos a dar clase al sótano y otros al “zulo”, que es como denominan desde la AMPA a un aula de desdoble con capacidad para 5 o 6 alumnos como máximo y en la que actualmente hay 12 niños y niñas de 3º de Primaria.
En noviembre de 2022, afirmaron en Educación que dedicaban sus esfuerzos a intentar que la empresa adjudicataria terminara las obras, “entendiendo que es la solución más favorable para reducir los tiempos de ejecución”. Pese a ello, agregaban, “en caso de no producirse avances, el Servicio Provincial de Educación resolverá el contrato y se realizará una nueva licitación para terminar el edificio”.
Es febrero de 2023, y nada ha mejorado. Desde el Gobierno, tal y como explica una de las madres responsables de la AMPA, les aseguran que el constructor está a punto de ceder la obra a otra empresa. “Pero no hay fechas concretas y estamos ya muy cansadas de esperar y de que nos den largas”, comenta.
En la carta entregada al Chusticia manifiestan lo que consideran una contradicción y un agravio: que un Gobierno, como el de Aragón, que ha hecho una apuesta real por la educación en el medio rural con el mantenimiento de varias escuelas abiertas con muy pocos alumnos, “se olvide de un colegio con 136 niños, los cuales no disponen, tan siquiera, de un aula donde recibir clase”.
