La reordenación del sistema de atención a menores deja sin trabajo a 21 trabajadores y trabajadoras

CCOO se opuso a la propuesta planteada en la Mesa Sectorial de Administración General al entender que se destruye empleo público, se privatizan servicios que hasta ahora eran públicos y renuncia a internalizar y recuperar servicios privatizados

imagen de recurso del edificio Pignatelli para hablar de la fundación
DGA, edificio Pignatelli.

El lunes, 13 de noviembre, el Gobierno de Aragón dio luz verde al cierre de la Residencia Cesaraugusta, centro de orientación y acogida (COA) adscrito al IASS, en donde se prestaba servicio de atención a menores.

Este cierre forma parte de una reordenación del sistema de atención inmediata de menores en los centros del IASS, e incluye el desdoblamiento del COA en dos centros, uno de gestión pública y otro privado. Además se plantea un cambio organizativo en la Residencia Infanta Isabel, dónde ya no se va a prestar servicio de acogida a los niños y niñas menores de 3 años.

En total el número de trabajadores y trabajadoras afectadas es de 67, parte de los cuales serán reubicadas en otros puestos de trabajo o, directamente, se amortizan (21 de ellos) y pasan a engrosar las listas del paro.

CCOO se opuso a la propuesta planteada en la Mesa Sectorial de Administración General, para llevar a cabo esta reordenación, al entender que se destruye empleo público, se privatizan servicios que hasta ahora eran públicos y renuncia a internalizar y recuperar servicios privatizados.

Para el sindicato, si bien es cierto que el nuevo modelo recupera 16 plazas de Educadoras y educadores, internalizando parcialmente un servicio privatizado que se ha demostrado claramente deficiente, se siguen manteniendo privatizadas el resto de plazas (más de 20) e incluso se privatizan servicios públicos que hasta ahora eran públicos como la cocina, la limpieza, la recepción y administración del COA Cesaraugusta.

Además, la organización sindical tampoco entiende que en una plantilla de más de 12.000 empleadas y empleados no se puedan "encajar" 21 personas en lugar de "dejarlas en la calle".

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