La PAH de Zaragoza denuncia un desahucio contra una familia en situación de exclusión social

Concha se vio obligada a ocupar una vivienda junto a sus dos hijos menores en 2015. En 2016, recibió un aviso de desahucio por parte de CaixaBank. A pesar de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Zaragoza ha intentado llegar a un acuerdo, la entidad no ha ofrecido una alternativa a la familia, que actualmente se encuentra en situación de exclusión social. La PAH advierte del crecimiento de los casos de okupación en hasta más del 170%, según datos del INE de 2016, debido al problema de los desahucios.

Protesta de la PAH Zaragoza. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Concha recibió  un burofax, en 2016, enviado por Servihabitat -gestora inmobiliaria de CaixaBank- , en el que se le amenazaba con el inicio de un procedimiento de desahucio si no hacía próxima su salida del edificio que ocupaba. A raíz del aviso, la Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca intentó negociar con la entidad bancaria una solución habitacional para Concha. A pesar de que el banco se comprometió a paralizar y proporcionar una vivienda y alquiler social para ella, un informe emitido por el Ayuntamiento ha solicitado por vía judicial el desahucio cautelar inmediato del edificio, sin una alternativa de por medio.

Hasta el 2011, Concha vivió en una vivienda alquilada en El Burgo de Ebro junto con dos niños pequeños de uno y tres años. Debido a la pérdida del empleo de su compañero, fueron desahuciados de su vivienda. Concha se quedó sola con sus dos hijos y su única solución fue la ocupación de una casa vacía propiedad de La Caixa y procedente de un anterior desahucio. Cuatro años más tarde, CaixaBank le ofreció un alquiler social en la vivienda; no obstante, cuando la entidad revisó el domicilio encontró que sus condiciones eran pésimas y alegaron que no era posible realizar un alquiler debido al estado de la vivienda.

Desde que Concha recibió el burofax conminándola a abandonar el edificio bajo pena de desahucio, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza ha intentado negociar una alternativa habitacional con CaixaBank a través de su director territorial. Actualmente, Concha está enferma con obesidad mórbida, lo que la imposibilita para trabajar, y al cargo de una familia monoparental con dos niños de 7 y 9 años. La familia, en situación de exclusión social, subsiste gracias a la ayuda del Ingreso Aragonés de Insercción (IAI).  Sin embargo, el informe emitido por el Ayuntamiento y la exigencia de reparación inmediata por el riesgo de derrumbe de la vivienda han procedido a solicitar, por vía judicial, el desahucio cautelar inmediato.

A pesar de que la PAH ha intentado llegar a un acuerdo con la entidad bancaria, denuncia la falta de sensibilidad de CaixaBank al intentar dejar a esta familia con dos menores y en situación de exclusión social. El caso es conocido en el barrio y ha generado el apoyo general, lo que ha impulsado algunas campañas de difusión del problema por parte de movimientos sociales activos en el barrio. "Recientemente, las oficinas de CaixaBank han aparecido cubiertas de pegatinas con motivo de denunciar el tema", detalla la Plataforma.

Además, la PAH denuncia el estado de las casas que CaixaBank ha dado en alquiler social. En una de ellas, habitada por una familia con niño de 20 meses, después de 4 meses advirtiendo de las goteras constantes y la situación de riesgo, un trozo de techo se desprendió sobre el pequeño mientras dormía, que tuvo que ser atendido de urgencia. Los bomberos emitieron un informe en el que se advertía de la imposibilidad de alojarse en la vivienda debido al mal estado del techo.  Por ello, Servihabitat, la Gestora de CaixaBank tuvo que proporcionar a la familia una vivienda para unos días mientras buscaban una alternativa. Sin embargo, Servihabitat cambió de opinión; "se negó a concederles la solución acordada o acondicionar el edificio por lo que este organismo pretende que abandonen la vivienda si no están conformes, vulnerando así el derecho que como inquilinos les asiste de que la propiedad mantenga la vivienda en condiciones de habitabilidad", cuenta la Plataforma.

Se da la paradoja de que por una vivienda de este tipo, CaixaBank pretende cobrar 370 euros, una cantidad más elevada del precio real. "La razón por la que el Gobierno de Aragón o el Ayuntamiento de Zaragoza no han firmado acuerdos de cesión de uso con los bancos - propietarios de viviendas vacías en un parque que se deteriora a diario- estribaría, según alegan,  en que las viviendas que pretenden entregar en tan mal estado, supondría un coste muy elevado de dinero público, para una propiedad que, en definitiva, es de los bancos" - explica la PAH.

Según la Plataforma, este asunto es discutible y debe someterse a análisis puesto que si bien las instituciones públicas no deben financiar de nuevo a los bancos, también deben solucionar la problemática con acuerdos de uso prologado en el tiempo - la necesidad es difícil que desaparezca-, de forma que ningún beneficio revierta a los poderes financieros.

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies