Desde el Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) manifiestan su compromiso de seguir luchando por la anulación registral de las inmatriculaciones de bienes de dominio público, sean de culto o no, que han realizado las diócesis aragonesas al amparo de leyes de origen franquista sin pase alguno en el ordenamiento constitucional en vigor.
Exigen a los representantes políticos el cumplimiento de las mociones presentadas en diferentes instituciones aragonesas, así como un compromiso decidido y firme en la recuperación del patrimonio histórico, artístico y cultural que pertenece en su conjunto a la ciudadanía.
Además, solicitan saber el coste social que se deriva de las aportaciones de origen público al patrimonio que ahora la Iglesia dice ser suyo y un listado completo de todos los bienes inmatriculados sean de dominio público o no desde 1978.
MHUEL ya ha manifestado en múltiples ocasiones que no cuestiona el uso ni el carácter religioso de los bienes inmuebles inmatriculados dedicados al culto. También han resaltado que a nivel estatal desde la Coordinadora Estatal Recuperando trabajan junto a Redes Cristianas y Comunidades de base Cristianas, organizaciones que se posicionan al igual que la asociación laica en contra del proceso inmatriculador de la Iglesia Católica Apostólica y Romana (ICAR).
"Está absolutamente de sobra y sonroja que nos tilden de anticristianos o anticatólicos, nada más lejos de la realidad. Respetamos pero no compartimos en absoluto las declaraciones y rueda de prensa del Arzobispado de Zaragoza. Es lamentable convocar una rueda de prensa en donde no aparece ningún portavoz diocesano pero se escenifica la típica conducta del poder omnímodo con tres juristas y una registradora de la propiedad de otra comunidad autónoma dando a entender quién manda y quién tiene la razón. Un acto sublime de incoherencia y de torpeza", destacan desde MHUEL.
Advierten que el Arzobispado de Zaragoza reconoce en sus declaraciones que La Seo puede ser propiedad de la Iglesia por usucapión a los 30 años, lo que viene a ser un reconocimiento tácito de que la ICAR carecía de ningún título de propiedad reconocido, y que por lo tanto lo hicieron amparándose en la legislación franquista hipotecaria (1946/1947 claramente inconstitucional), adelantándose diez años a que la ley lo permitiese con la reforma hipotecaria del Gobierno Aznar de 1998.
Califican este hecho de "escandaloso y vergonzante" advirtiendo que desde el Arzobispado "porfían y hacen gala del privilegio consentido". Desde MHUEL ahondan en la rueda de prensa del Arzobispado, y se hacen eco de "la advertencia nada afortunada y coercitiva de uno de los juristas portavoces del Arzobispado sobre el ‘posible allanamiento de morada’ de una propiedad privada en clarísima alusión al acto simbólico de MHUEL del día 1 de Abril".
Recuerdan al Arzobispado que en un proceso inmatriculador sin finalizar, aún no existe propietario definitivo considerando que "está de sobra la velada amenaza" y planteando la siguiente pregunta: "¿Por quién nos toman?". Aseguran que el "respeto y tolerancia es el que demuestra MHUEL en cada una de sus actuaciones siempre comunicadas a Delegación de Gobierno y hasta con la cortesía de informar por burofax la intencionalidad al Arzobispado".
Desde la asociación laica consideran que son faltas de respeto bloquear la cuenta Twitter de MHUEL por parte del Arzobispado, o no salir al paso y desmentir las demenciales y obscenas mentiras de plataformas y organizaciones ultracatólicas como Actuall.com o Hazte.Oir y sus satélites que han llegado a decir que el Alcalde de Zaragoza quería expropiar la Basílica del Pilar auspiciado por un grupúsculo radical laicista.
"Si de la mentira se hace virtud, habrá que preguntarse si ésta Archidiócesis va con los aires del Papa Francisco o añora las tesis y fundamentos del Cardenal Gomá", indican desde MHUEL.
Por último, recuerdan al Arzobispado de Zaragoza que una vez comprobado que no emite facturas con IVA desglosado para las visitas culturales a La Seo, continuarán con su hoja de ruta ante otros organismos públicos. "Estar exento del IVA no es ni mucho menos no estar sujeto al impuesto y declararlo ante la Agencia Tributaria", recuerdan.
MHUEL reconoce que el camino que ahora se emprende es difícil en lo jurídico y que sin entrar en el fondo de la cuestión, el derecho procesal es toda una incógnita interpretativa con muchas aristas. "Pensamos que el ámbito de solución debería ser el legislativo. No obstante dicho esto, recordamos que el Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado al Estado Español por una inmatriculación de la ICAR indebida, declarando las inmatriculaciones de arbitrarias y afeando por inacción a los altos tribunales españoles".
Desde la asociación laicista hacen un nuevo llamamiento público a la sociedad en general, a los partidos políticos y a las instituciones públicas de Aragón para que desde los diferentes ámbitos de actuación, sepan corregir el "escándalo monumental" a nivel de patrimonio que han ocasionado las inmatriculaciones de la ICAR.
