El expediente de los cerca de 12 millones de euros de dinero público vinculados al Tiro de Pichón vuelve al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza después de casi cuatro años sin que se haya resuelto el recurso de reposición presentado por la entidad privada. Zaragoza en Común exige la convocatoria de un Pleno extraordinario en un plazo máximo de 15 días para que sea el máximo órgano municipal el que tome una decisión y se adopten las medidas cautelares necesarias para garantizar la recuperación del dinero.
La iniciativa llega después de que ZeC denunciara la pasada semana, como informó AraInfo, que el Gobierno de Natalia Chueca había permitido que operase el silencio administrativo sin resolver expresamente ni la solicitud de suspensión ni el recurso presentado por el Tiro de Pichón.
El recurso de reposición fue presentado el 2 de diciembre de 2022 contra el acuerdo plenario de revisión de oficio de la expropiación y continúa sin resolverse. La propia moción de ZeC registrada para el Pleno de este 30 de septiembre cifra ya el retraso en más de 1.380 días naturales. Zaragoza
“Han dejado el recurso en un cajón durante cuatro años y han permitido que opere el silencio administrativo, colocando al Tiro de Pichón en una situación de privilegio y poniendo por delante sus intereses de los intereses de todos los zaragozanos y zaragozanas”, denuncia el concejal de ZeC Suso Domínguez.
Serrano convierte el nuevo informe jurídico en su defensa
El Gobierno de Chueca ha respondido este lunes haciendo público un nuevo informe de la Asesoría Jurídica Municipal. El consejero de Urbanismo y portavoz municipal, Víctor Serrano, sostiene que el dictamen “avala la actuación del Gobierno municipal” y despeja las dudas sobre una eventual pérdida del derecho a recuperar el dinero.
El informe señala que el expediente “permanece suspendido ex lege” conforme al artículo 117.3 de la Ley 39/2015 y sostiene que el derecho de cobro municipal no ha prescrito. Según el criterio jurídico expuesto por el Ayuntamiento, se trata de un crédito de naturaleza patrimonial cuyo periodo de prescripción puede alcanzar los 15 años.
La Asesoría Jurídica considera además que debería mantenerse la suspensión hasta que exista una decisión judicial firme y entiende que resolver ahora podría entrar en contradicción con el fondo del asunto que todavía debe dirimir la Justicia. Sobre esa base, Serrano ha defendido que el Ayuntamiento ha actuado con “prudencia, solvencia y rigor jurídico”.
El consejero ha ido más allá y ha asegurado que el dictamen demuestra que las argumentaciones realizadas desde la izquierda eran “falsas” y carecían de fundamento jurídico. También sostiene que tanto el Gobierno de Chueca como anteriormente el de Jorge Azcón han mantenido el objetivo de recuperar las cantidades que correspondan al Ayuntamiento.
ZeC: el informe llega después de cuatro años sin resolver
Zaragoza en Común hace una lectura muy distinta del documento. La formación subraya que el informe de la Asesoría Jurídica ha llegado a apenas 24 horas del Pleno y después de que ZeC exigiera formalmente un pronunciamiento jurídico sobre el expediente.
Para Domínguez, lejos de cerrar la polémica sobre la gestión municipal, el dictamen confirma la necesidad de actuar sobre la suspensión y evitar cualquier riesgo de prescripción.
“Si Zaragoza en Común no hubiera exigido este informe y anunciado esta moción, probablemente el Gobierno seguiría sin actuar. Han necesitado cuatro años de inacción y nuestra presión para reaccionar a 24 horas del Pleno”, afirma.
ZeC mantiene además una de sus principales críticas: durante todo este tiempo el Gobierno municipal no llevó al Pleno la resolución del recurso, pese a considerar que la competencia para decidir corresponde precisamente a este órgano.
“El propio informe jurídico confirma que el Ayuntamiento tiene que actuar y que no lo ha hecho. El silencio administrativo ha impedido que el Pleno pudiera pronunciarse y exigir las garantías necesarias. Estamos hablando de millones de euros de dinero público”, sostiene Domínguez.
La moción que se debatirá este miércoles plantea expresamente convocar ese Pleno extraordinario en un máximo de 15 días para decidir sobre el recurso de reposición. Antes de adoptar la decisión, ZeC pide un informe del Secretario General del Pleno, especialmente sobre los plazos de prescripción, que deberá ponerse a disposición de todos los grupos municipales.
Un expediente que se arrastra desde la Expo
El origen del conflicto se remonta a la expropiación de terrenos del Tiro de Pichón realizada para las obras vinculadas a la Expo 2008. El Ayuntamiento abonó inicialmente 2,3 millones de euros y, tras el litigio sobre el justiprecio, el Tribunal Supremo elevó en 2016 la cantidad hasta los 9,6 millones, lo que obligó al Consistorio a pagar otros 7,3 millones más intereses.
La situación cambió al recuperarse documentación de 1976 que acreditaba que terrenos ganados al cauce del Ebro mediante el vertido de escombros debían conservar su carácter público y no podían edificarse. La Asociación Vecinal de La Almozara trasladó esa documentación al Ayuntamiento y el anterior Gobierno de Zaragoza en Común impulsó el recurso de revisión. Posteriormente se promovió el deslinde que terminó confirmando el carácter de dominio público de parte de los terrenos.
AraInfo ya recogió en 2023 la reclamación de ZeC para recuperar los 12 millones de euros de dinero público, así como el papel desempeñado por el movimiento vecinal de La Almozara para sacar a la luz la documentación que permitió reabrir el caso.
“En Zaragoza en Común nunca hemos aceptado que se regale dinero público a quien no le corresponde. Cuando gobernábamos impulsamos el recurso de revisión y, posteriormente, instamos el deslinde a partir de la documentación que nos trasladaron los vecinos de L'Almozara. Hoy existe un procedimiento para recuperar ese dinero gracias también a esa lucha vecinal”, recuerda ahora Domínguez.
Reprobación de Chueca y Serrano
ZeC no limita su iniciativa a exigir que se resuelva el expediente. La moción presentada para el Pleno incluye también la reprobación de la actuación del Gobierno municipal del PP y, específicamente, de Víctor Serrano, al que acusa de haber “hurtado al Pleno” la decisión sobre el recurso y de poner en peligro la recuperación del dinero municipal.
La nota difundida este lunes por la formación anuncia además la reprobación de Natalia Chueca y Víctor Serrano por la gestión del expediente, la falta de transparencia y lo que considera una deficiente defensa de los intereses municipales.
ZeC reclama igualmente que el Gobierno de Chueca informe a todos los grupos de las actuaciones realizadas y adopte las medidas cautelares que considere necesarias para proteger las arcas públicas.
La disputa jurídica queda así delimitada: la Asesoría Jurídica sostiene que el derecho de cobro no ha prescrito y aconseja mantener suspendida la resolución del recurso hasta que exista una decisión judicial firme; ZeC centra su denuncia en que el recurso lleva casi cuatro años sin resolverse, que la suspensión se produjo por aplicación del silencio administrativo y que durante ese periodo no se exigieron garantías para asegurar una eventual devolución.
Domínguez cierra elevando el tono contra el Gobierno municipal: “No vamos a permitir que cuatro años de silencio administrativo terminen convirtiéndose en millones de euros perdidos para Zaragoza. Con el PP siempre ganan los mismos, sus amigos, y siempre a costa del dinero de los zaragozanos”.
