La toma de esta decisión ha coincidido con la celebración de la última parte de la sesión plenaria en el Consistorio de la capital aragonesa, donde en esos momentos se producía la comparecencia del alcalde Pedro Santisteve, a petición del Grupo Municipal del Partido Popular, para explicar los criterios que habían llevado al gobierno de Zaragoza a municipalizar la prestación del servicio de asistencia telefónica 010.
La remunicipalización de los servicios públicos, a juicio del alcalde, viene motivada tras 20 años de externalizar los mismos, “no controlándolos y siendo foco de corrupción”. “40.000 millones de euros en gastos tirados a la basura por falta de control de las administraciones públicas, porque no podían controlar a las grandes contratas ni sus tremendos equipos de abogados, ni esa normativa neoliberal que ustedes –en referencia al Partido Popular- se han dedicado a construir para desarticular el Estado de Bienestar”, señalaba.
Santisteve ha defendido la decisión tomada bajo el uso de sus “competencias legales” y ha recalcado que no existen “ni irregularidades, ni ilegalidades”. “Le estoy hablando del informe de la Asesoría Jurídica –le espetaba al portavoz del PP, Jorge Azcón-, y podemos hablar de cómo el interventor en su informe del 2 de febrero del establecimiento de una serie de condiciones”. Entre esas condiciones, según el alcalde, se encuentra “la inexistencia de dotación presupuestaria suficiente y adecuada, y respecto a esa, dio a entender en su informe posterior que sí que existía”.
“En definitiva –explicaba Santisteve-, todas las municipalizaciones que pueda hacer este gobierno en función de supuestos similares, las intentará hacer en el uso de sus competencias y con los informes adecuados”. “Y si hay discrepancias se resolverán como se tengan que resolver, pero yo atenderé siempre a los informes de mis técnicos”, subrayaba el alcalde.
En referencia al contencioso-administrativo presentado por la CEOE, Santisteve ha afirmado que esto “es lo propio para cuando hay supuestos de interpretaciones legales enfrentadas o dispares”, siendo la autoridad judicial la que decida “hacia dónde se inclina”.
Por otro lado, y a colación del informe presentado por Intervención y en el que el Partido Popular se ha basado para desacreditar la internalización del servicio, Santisteve aseguraba que “el señor interventor, contestando los informes que se la han remitido en una primera ocasión, dice que esa condición –la incorporación de partida presupuestaria suficiente para remunicipalizar el servicio del 010-, que no reparo suspensivo, porque no es igual que el señor interventor hable en su primer informe de reparos suspensivos que tiene un interprocesal muy diferente, a que hable de condiciones que se atienden, ya que luego reconoce que efectivamente hay partida presupuestaria para la incorporación del personal del 010”.
“¿Es una cuestión de debate jurídico que puede llevar a la nulidad de pleno derecho por grave infracción esencial de las normas de procedimiento, si la subrogación tiene que hacerse después de la modificación de la plantilla o después del cambio de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo)?”, se preguntaba Santisteve. “Oiga –le respondía al portavoz del PP-, que no es pacífica la jurisprudencia, que el señor interventor podrá aportar una sentencia en una dirección, pero que la asesoría jurídica ha presentado más de 20 en diferentes direcciones”.
“Estamos resolviendo conforme a los procedimientos legales una discrepancia porque el señor interventor no tiene la condición en un Estado de derecho de ‘sumo sacerdote’”, apuntaba. “Tiene unas competencias que habrá que respetar, tiene una independencia que habrá que respetar, evidentemente, y tiene autoridad en materias económicas que habrá que respetar, pero frente a eso, cuando otros servicios dicen otras cosas existen unos cauces jurídicos establecidos para resolver esas contradicciones, y se le llama discrepancia”, remarcaba Santisteve.
“Podrán tachar a este Gobierno de flagrantes ilegalidades –continuaba-, pero aquí hay una cuestión política de fondo contra las municipalizaciones porque saben que forma parte del cumplimiento del programa de Zaragoza en Común", aseveraba.
“En este debate todo el mundo se está olvidando que la voluntad de este gobierno era solucionar un problema de precariedad en el trabajo de unas trabajadoras, y precisamente todo el tema legal de la subrogación está pensado para salvaguardar las condiciones de las trabajadoras, las cuales, caso de subrogarse pueden plantarse si quieren, pero este ayuntamiento estaba obligado a salvaguardar esas condiciones de trabajo, ope legis –de pleno derecho-, no convencional”.
Por lo que se refiere a la decisión tomada por la CEOE Aragón, que ha presentado en el juzgado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del equipo de Gobierno municipal, Santisteve ha afirmado que "no va a negar a nadie el acceso a la jurisdicción, todo el mundo tiene derecho a ir a los tribunales".
