La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado en poco más de una semana desde su detención a los siete jóvenes de Altsasu, que se encuentran en prisión, y a dos de las personas que quedaron en libertad con cargos tras declarar por la trifulca con dos guardias civiles y sus parejas durante la madrugada del pasado 15 de octubre en la localidad navarra, según informa Naiz.
La magistrada les atribuye en un auto hecho público este martes un "delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio". Los procesados tendrán que comparecer en la Audiencia Nacional de Madrid para ser sometidos a declaración indagatoria el próximo 20 de diciembre.
Además, impone a cada uno de ellos una fianza de 6.000 euros y remite al juez de menores la causa respeto a otros dos identificados que tienen menos de 18 años. La juez afirma que los nueve procesados "han podido ser reconocidos" como participantes en la trifulca, pese a que hubo dudas con varios de ellos en la rueda de reconocimiento.
En contradicción con la Guardia Civil
La Audiencia Nacional se encuentra investigando lo denunciado, a pesar de que los informes policiales realizados tanto por la Guardia Civil como por la Policía Foral sobre los hechos ocurridos en Altsasu el pasado día 15 de octubre constatan que no hubo un "linchamiento o paliza organizada" contra los dos guardia civiles.
El pasado día 26, seis jóvenes acudieron al juzgado de guardia de Iruñea para declarar voluntariamente. Los seis jóvenes se presentaron en el Juzgado de Instrucción número 3, pero no pudieron declarar ya que la jueza titular, Mari Paz Benito, encargada de las diligencias, no se encontraba de guardia.
El informe de la Guardia Civil habla de "una agresión", pero desdice a los dos agentes y desmiente la versión difundida hasta el momento que apuntaba a un linchamiento por parte de unos 40 o 50 jóvenes de Altsasu.
Además, según publicó hace unas semanas Diario de Noticias citando fuentes judiciales, en las diligencias ampliatorias confeccionadas por la Guardia Civil no se aprecia un delito de terrorismo como pretende el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), sino que señala a un delito de odio.
Sin embargo, y en contra de lo señalado en los informes de la Guardia Civil y Policía Foral, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que la agresión puede encuadrarse en un delito de terrorismo y, por tanto, es de su competencia investigarlo.
Manifestación en Altsasu
Familiares, vecinos y el Ayuntamiento de Altsasu han convocado, este sábado, una moviliziación que se espera masiva.
El alcalde de la localidad navarra, Javier Ollo, señalaba, en declaraciones recogidas por Naiz, que los sucesos del pasado 15 de octubre "nunca debieron producirse" y calificaba de "desproporcionada" la decisión de juzgar dichos hechos como "terrorismo". En este sentido pidió que la causa sea transferida a los juzgados de Iruñea.
También criticó a algunos medios de comunicación por el tratamiento que han dado a lo sucedido y mostró su solidaridad a los familiares de los detenidos.
