Política

CHA reclama un impulso hacia «valores de laicidad» en las instituciones públicas aragonesas

"Queremos que las instituciones públicas aragonesas, sea el Gobierno de Aragón, la Cortes y su Presidencia, segunda autoridad aragonesa y las entidades locales se comprometan con este principio de lacidad", afirma Jorge Marqueta, Presidente Ligallo Redolada de CHA-Zaragoza
| 15 octubre, 2016 17.10
CHA reclama un impulso hacia «valores de laicidad» en las instituciones públicas aragonesas
Foto: Diego Díaz (AraInfo)

CHA considera necesario un «compromiso de las instituciones públicas aragonesas» para «seguir avanzando hacia la laicidad». «La laicidad es un principio fundamental de la convivencia democrática. Tal principio exige a los poderes públicos neutralidad y, consecuentemente, el establecimiento de modelos de comportamiento institucional alejados de la identificación con las diferentes confesiones. Por este motivo creemos necesario seguir avanzando en este camino», afirma Jorge Marqueta, Presidente Ligallo Redolada CHA-Zaragoza.

Tales postulados, a juicio de CHA, conllevan «un compromiso público en la construcción de una sociedad de hombres y mujeres iguales y libres, desde el respeto por las creencias religiosas de cada persona, pero también desde el convencimiento de que tales creencias deben permanecer en la esfera de lo privado. O, lo que es lo mismo, que no deben trascender a la actividad pública o institucional, por respeto a la pluralidad de creencias y opiniones religiosas».

«Es decir -continúa Marqueta- el ámbito de la representación pública es reflejo directo de la diversidad que caracteriza a las sociedades modernas, como la aragonesa. Es más, la actividad institucional es un ámbito compartido, común y que afecta directamente a personas de todos los credos y de muy diversas formas de pensar». Por ello «debe estar gobernada y presidida por principios y valores de laicidad, dado que son los únicos que garantizan de verdad la igualdad y el respeto a toda la ciudadanía y a sus diversas creencias».

En este sentido, Marqueta expone que «CHA, desde el convencimiento de que la separación real y efectiva entre las instituciones públicas y las confesiones religiosas constituye una vía decisiva para ejercer las libertades, y de que, en consecuencia, es necesario avanzar hacia la laicidad institucional, considera necesario dar muestras en pro de la laicidad institucional, en tanto que reflejo público de neutralidad real y respeto por las diversas creencias religiosas».

Para ello, CHA considera necesario avanzar en varios aspectos como «exigir que en los actos públicos y en las dependencias institucionales se respete el principio de aconfesionalidad; garantizar la libertad de conciencia individual y la independencia efectiva del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa o ideología particular, asegurando la neutralidad ideológica de las administraciones públicas».

También, a juicio de CHA, habría que proponer la derogación inmediata de los Concordatos suscritos por el Estado español con la iglesia católica, «a fin de garantizar la laicidad del Estado», así como «suprimir todos los privilegios de la iglesia católica y el resto de confesiones religiosas, en particular lo relativo a beneficios y exenciones fiscales».

Además, propone «exigir una explotación y uso público de los edificios artísticos propiedad de confesiones religiosas rehabilitados con fondos públicos; revisar el tratamiento de la religión y sus símbolos en la enseñanza de acuerdo con las competencias que nos confiere el Estatuto de Autonomía en esta materia, con el objetivo de eliminar la asignatura de religión del currículo escolar; y promover que aquellas celebraciones y ceremonias públicas en las que participen sus miembros, en su condición de cargos públicos, sean aconfesionales».

15 octubre, 2016

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