Además de Cano, que deberá abonar 240.000 euros como multa, la sentencia conocida este miércoles también condena a otros diez acusados, entre ellos los exconsejeros Carlos y Albertino de Figueiredo como autores de estafa, insolvencia punible y falsedad contable, a 11 años y once meses y 11 años de cárcel respectivamente.
La Audiencia absuelve, en cambio, al auditor de la compañía, Francisco Blázquez y al jefe de operaciones en Europa la filial de Afinsa, Ramón Egurbide, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicitaban penas de 2 y 8 años de prisión.
El veredicto del juicio, que se ha desarrollado durante más de 6 meses, llega tras más de 10 años de espera desde que se destapó el triple caso Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza.
ADICAE, personada como acusación popular y principal plataforma de afectados y afectadas, solicitaba junto a la Fiscalía 19 años de cárcel para Juan Antonio Cano, y penas de entre 2 y 19 años de prisión para los otros 13 acusados.
Desde la asociación recorbaban que entre las tres empresas captaron los ahorros de 470.000 familias, dando lugar a la mayor estafa piramidal de la historia del estado, agravada por el fallo de los controles institucionales y después por la lentitud y la ineficacia judicial durante esta década. En el caso de Afinsa, las y los 200.000 afectados solo han podido recuperar un 10% de los 2.200 millones de euros defraudados.
Con el fin de exigir justicia para las personas afectadas y castigo para los culpables, miembros de la Plataforma Unitaria Estatal de Afectados de ADICAE se han movilizado este miércoles a las puertas de la Audiencia Nacional junto a representantes de la asociación.
La AN deja libre a los cabecillas de Afinsa hasta resolver los recursos
ADICAE pedía el ingreso inmediato en prisión de los condenados, al igual que la Fiscalía. Pero en la vista convocada para este jueves 28 a las 11.00, en la Audiencia Nacional, donde estaban citados a comparecer 7 de los culpables: Francisco Guijarro, Albertino de Figueiredo, José Joaquín Abajo, Emilio Ballester, Carlos de Figueiredo, Juan Antonio Cano y Vicente Martín, el juez ha decidido dejarles libres hasta resolver los recursos presentados.
"Tras la sentencia conocida este miércoles, no hay explicación posible para que los culpables sigan libres disfrutando del dinero y que las víctimas aún no hayan recuperado sus ahorros", señalaba Manuel Pardos, presidente de ADICAE, y más cuando "hace 10 años ya se contaba con las pruebas necesarias para la sentencia dictada hoy, como reconoce el propio fallo".
"Siendo un caso de magnitudes excepcionales y tras una década esperando, "es indignante que la Audiencia no haya anunciado hoy la sentencia en una vista abierta a los afectados y los medios de comunicación y con la presencia de los acusados", declaraba Pardos.
"Tampoco ayuda que la Audiencia siga calificando de 'inversores' a ciudadanos ahorradores de a pie engañados por las empresas con la complicidad del Banco de España y la CNMV, que conocían el fraude y se lavaron las manos", añadía.
La sentencia "no satisface ni soluciona la situación de los afectados, pues, aunque condene a devolver los 2.500 millones de euros a 190.000 familias, en la práctica no implica la recuperación de los ahorros".
"Es un fallo de la justicia y del estado de derecho: no hacía falta esperar 10 años para obtener una sentencia que además rebaja de 19 años (como pedían ADICAE y la Fiscalía) a 12 años y 10 meses la pena para Juan Antonio Cano", aseveraba Pardos.
"Tenemos una sentencia que llama estafadores a los responsables, que no deja lugar a la duda: ya no hay excusas para no aplicar la solución política que el Gobierno debería haber puesto en marcha ya", decía Pardos acerca de la solución propuesta por ADICAE y aprobada por unanimidad por los 17 parlamentos territoriales y el Congreso de los Diputados.
ADICAE y la Plataforma de personas Afectadas se dirigirán a los grupos parlamentarios y al próximo Gobierno para urgirles a activar esa solución, tal como se comprometieron los principales partidos en los encuentros mantenidos con la asociación en la última campaña electoral.
"Esta solución, asumida por todos como la única solución viable y razonable, pasaría por una compensación del Estado, negociando con los afectados cantidades y plazos de devolución", concluía este miércoles.
