"Hemos leído que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colaú, junto con el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, han convocado a los municipios, Generalitat y Delegación del Gobierno español a una reunión el próximo 12 de julio para 'erradicar' el top-manta. En la reunión también está previsto que participen representantes de varios cuerpos policiales".
Así lo explica la CUP en un comunicado conjunto con CUP-Capgirem Barcelona, ante este anuncio de "una ofensiva coordinada y de este alcance contra los vendedores ambulantes".
Para la CUP, el problema principal de la venta ambulante es la vulneración de los derechos humanos y sociales que sufren los vendedores ambulantes de origen migrante, "puesto que las dificultades de empadronamiento comportan obstáculos en el acceso a derechos básicos de los que disfruta la mayoría de la población y que los imposibilita el acceso a una vivienda, a un contrato laboral, etc. Y esto los condena a una situación de subsistencia y precariedad absoluta. Así que se ven abocados a la venta ambulante, con el alta precariedad laboral que comporta, como forma de sobrevivir".
El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes ha puesto sobre la mesa diversas propuestas para resolver la situación de precariedad que sufren. Entre estas propuestas destaca que se pacte un lugar con el Ayuntamiento de Barcelona para la venta y la posibilidad de pagar una tasa. Además, "el sindicato se ha ofrecido a mediar con el resto de manteros de Barcelona para pactar horarios y lugares de venta y, así, evitar la masificación de la ciudad; y también pactar con los vendedores ambulantes que venían de fuera para explicar el proceso de autoorganización que habían hecho y que cada grupo pudiera hacer el mismo a su localidad", recuerda la CUP.
Desde la CUP lamentan que el Ayuntamiento de Barcelona haya acabado optando por "la vía represiva" para abordar esta situación, "en lugar de poner en práctica las propuestas del sindicato de manteros y otras medidas que garanticen todos los derechos por todas las personas que viven en la ciudad de Barcelona". "Así pues -añaden-, nos preocupa que sea precisamente el Ayuntamiento de Barcelona quién quiera liderar la ofensiva contra los manteros en los municipios catalanes y, de este modo, hacer extensiva la vía represiva por la que apuesta".
A la CUP le llama la atención que en el último barómetro de Barcelona la población no consideró que los manteros sean un problema real para la ciudad, "sino que situó en primer lugar la precariedad laboral, la gestión del ayuntamiento y el turismo". Este hecho "permite evidenciar que son los medios de la derecha los que están forzando en un gobierno teóricamente de izquierdas a llevar a cabo políticas represivas y que intentan fragmentar la clase trabajadora entre quienes tienen más derechos y quienes tienen menos".
"Entendemos que la cooperación de la Generalitat y el Estado con la cuestión de la venta ambulante tiene que servir para regularizar la situación laboral de los manteros (informe positivo de arraigo de la Generalitat y otorgamiento de tarjeta de residencia y trabajo por parte del Estado) y no para contribuir a reprimirlos", aseveran en el comunicado.
Asimismo, la CUP se muestra muy preocupada porque el Síndic de Greuges, "más allá de pedir más derechos para esta parte de la población, apele a la policía y la Guardia Civil para abordar la cuestión, conocedor de las consecuencias que puede tener para estas personas migrantes la aplicación de la Ley de extranjería y que la actuación policial las puede conducir en un Centro de Internamiento de Extranjeros y a la expulsión del país".
Ante todo esto, la CUP emplaza a los convocantes de la reunión del próximo martes a "replantear el enfoque y a trabajar con los colectivos afectados para garantizar los mismos derechos para toda la población y un trabajo digno para todo el mundo".
Finalmente, lo que sí que celebra la CUP es la decisión del consistorio barcelonés de no permitir la reapertura del CIE por carencia de licencia. "La lucha de tantos colectivos desde hace meses en contra de la reapertura de este centro ha dado su fruto y el Ayuntamiento ha sabido responder a la demanda colectiva y a la decisión del pleno municipal. Esperamos que la decisión sea definitiva y el CIE de la Zona franca no reabra nunca más", concluyen.
