La Fiscalía, representada por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, mantiene su petición de 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarín, así como la de 16 años y medio para su exsocio, Diego Torres, por diseñar y liderar una trama empresarial con la que lograron apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas, eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública.
Según han informado fuentes jurídicas, el representante del Ministerio Público ha decidido no modificar su solicitud después de que ninguno de los dos acusados haya mostrado arrepentimiento ni haya devuelto la cantidad supuestamente defraudada.
La quincuagésima quinta sesión del juicio del Caso Nóos, en la que las acusaciones han presentado sus conclusiones, delante de los 17 acusados, incluida la infanta Cristina, ha comenzado sobre las 11.10 horas con la prueba documental. La infanta y su marido llegaban a las 10.40 horas a la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) para asistir a la sesión.
Según Horrach, Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura hueca de contenido real y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".
Un requisito indispensable para que el fiscal pudiera rebajar la pena a ambos acusados pasaba por que hicieran frente a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Balears (2,6 millones de euros), Pais Valencià (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).
El fiscal mantiene las mismas penas para todos los acusados excepto para la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen y para los exaltos cargos de Baleares acusados, para quienes rebaja su petición: el expresidente del Govern Jaume Matas; el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis 'Pepote' Ballester; l exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet.
Mientras tanto, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y otros dos años para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.
Por su parte, Manos Limpias se confirma como la única acusación que reclama pena de cárcel para la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos. Así, ha acordado mantener su petición de ocho años de prisión contra la exduquesa al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que su marido, Iñaki Urdangarin, habría cometido en 2007 y 2008 a través de Aizoon, empresa de la que ambos son propietarios al 50 por ciento, y que tanto la acusación particular de Manos Limpias como la fiscalía consideran era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente dirigido a desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos.
