En palabras de Carmelo Asensio, portavoz de CHA, la moción presentada “está dirigida a recuperar el patrimonio histórico de nuestra ciudad”. Asensio ha incidido en que "la inmatriculación de bienes por la Iglesia de 1998 es un privilegio heredado de la legislación franquista", en referencia al uso de dos normas franquistas e inconstitucionales, aprobadas en 1946 y 1947: los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario, resucitadas por la jerarquía católica. El primero equipara a la Iglesia con la Administración Pública, otorgándole el privilegio de acceder al registro de la propiedad sin título. El segundo artículo equipara a los diocesanos con notarios, de forma que un obispo puede certificarse a sí mismo que es el propietario de un inmueble atendiendo a lo que él diga.
A este respecto, Asensio ha remarcado que "la Iglesia católica ha inmatriculado cientos de bienes en Aragón", algo "inadmisible dentro de una democracia" que además “ha hecho la vista gorda al mayor expolio cultural y artístico de las últimas décadas”.
La postura de CHA ha sido compartida por Zaragoza en Común y el PSOE. Alberto Cubero ha afirmado que "queremos saber la verdad y qué ha ocurrido estos años y qué bienes están en manos de la Iglesia católica y que se devuelvan al bien común y acabar con los privilegios". Carlos Pérez Anadón, por parte del PSOE, señalaba que “en estos momentos la matriculación de bienes no es un privilegio que deba tener la Iglesia católica ni nadie".
El Partido Popular ha mostrado su disconformidad con la moción, argumentando razones de “rigor jurídico”, como ha manifestado la edil María Navarro y Ciudadanos se ha abstenido porque su aplicación resultaría “difícil”.
"Deben permanecer bajo el dominio de la titularidad pública"
Antes de debatir la moción ha intervenido Jorge Gracia, presidente del Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL). Gracia ha comenzado afirmando: "El tema que nos trae hoy aquí y ahora nos ocupa y preocupa, es de los que solo pasa en nuestro curioso país, a veces pintoresco y lleno de contradicciones de muy difícil explicación y justificación para los que pensamos en coordenadas de un Estado moderno y avanzado en sintonía europea".
"Tengan ustedes la certeza y absoluta convicción que el mayor propietario de bienes inmuebles después del Estado español, es la Iglesia católica y por efecto o defecto del Concordato a la postre el Estado Vaticano", ha añadido Gracia.
El presidente de MHUEL ha recordado que en la pasada legislatura, las iniciativas políticas sobre las inmatriculaciones en Aragón "cayeron en saco roto" ante la negativa del gobierno español a informar sobre las mismas. MHUEL ha promovido y propuesto diferentes acciones a los grupos a raíz de descubrir las más que sonadas inmatriculaciones de la Catedral de La Seo, San Juan de los Panetes, la Iglesia de la Magdalena o Santiago el Mayor que atañen a Zaragoza sin entrar en otras descubiertas en poblaciones de Aragón.
"Inmatriculaciones realizadas por el Arzobispo Elías Yanes en los años 80 y por lo tanto prohibidas al tratarse de bienes de culto que no podían ser inmatriculados hasta el año 98 con la reforma del presidente Aznar", ha apostillado Gracia.
En este sentido, ha denunciado que el "modus operandis" sigue un patrón común: "Primero se inmatricula en silencioso y oscuro proceder administrativo sin publicidad alguna, luego se piden ingentes ayudas públicas para restauración y mantenimiento y una vez finalizados los plazos de prescripción y ya asegurada la nuda propiedad del bien inmueble, se explota comercialmente con venta de entradas o visitas de pago".
Esta asociación intervino, el 3 de noviembre del 2015, en las Cortes de Aragón para informar de la situación y hace pocos días propuso a los grupos en Cortes una iniciativa de Proposición No de Ley que "aunara voluntades y decisión política" para resolver este "auténtico chandrío". El texto presentado "no es más que una refundación de mociones" presentadas en diferentes ayuntamientos de Euskal Herria y que han sido apoyadas por formaciones tan heterogéneas como el PNV, PSE, PSN, Geroa Bai, Ciudadanos, Izquierda Unida, EH Bildu y diferentes plataformas de confluencia.
Por último, Gracia ha querido dejar claro que MHUEL "no cuestiona en ningún momento el uso y carácter religioso de estos bienes", pero considera que éstos "deben permanecer bajo el dominio de la titularidad pública" puesto que "opinamos que pertenecen al pueblo que a lo largo de los siglos y con diferentes culturas y diversos credos los construyó y mantuvo con su esfuerzo y trabajo". "Son, por tanto, bienes comunes de un patrimonio común sin que pueda existir apropiaciones indebidas por parte de nadie en concreto", ha concluido.
