La Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad organiza unas jornadas bajo el lema “La privatización de la salud”, que tendrán lugar el próximo viernes, 6 de mayo, en el Centro Cívico Delicias, situado en la Avenida Navarra de Zaragoza.
Con estas jornadas pretenden sensibilizar a la población de los peligros existentes en las nuevas políticas neoliberales en torno a la sanidad, que conllevan la subcontratación de empresas privadas y la derivación de servicios que antes eran públicos a clínicas gestionadas por estas empresas.
Para acercarnos a esta realidad han programado dos charlas. Una, impartida por Nicolás Blondel Carpintero, miembro de los "Doctor Juniors Strike" y del colectivo "NHS Uncuts" de Londres, que tratará de explicar en su ponencia, la situación actual del sistema de salud británico, que en la actualidad está casi por completo en manos privadas.
Una segunda charla nos mostrará la cercanía de estos peligros, de la mano de un trabajador sanitario, miembro de la Plataforma Ciudadana “En pie”, de Miranda de Ebro, que contará la experiencia de la ciudadanía burgalesa en su lucha contra las denominadas Unidades de Gestión Clínica (UGC), un modelo, que bajo el pretexto de la eficiencia promueve la privatización de los servicios sanitarios.
Inglaterra: el desastre de la privatización del NHS (Sistema Salud Británico)
La sucesión de reformas neoliberales llevadas a cabo desde los años 90, tanto por el gobierno laborista como por el gobierno conservador (con la alianza del Partido Liberal Demócrata), han supuesto el desmantelamiento de lo que en su día fue considerado el mejor sistema de salud del mundo, el Sistema de Salud Británico (NHS). Bajo el discurso de "la libre elección y la competencia y la eficiencia del sistema", el proceso de privatización se presentó como una solución para el fomento de la competitividad, la reducción del gasto y de la listas de espera. ¿A alguien le suena? Así, de un sistema que garantizaba la universalidad de los servicios sanitarios públicos (es decir a todos los ciudadanos, sin pago en el momento de ser utilizado y financiado con fondos públicos) ha derivado en uno que divide y separa a la población, en cuanto a su atención, por su nivel de renta y clase social, anteponiendo el interés corporativo y la rentabilidad económica por encima del interés de los pacientes.
Este proceso se intensifica a partir de la última reforma de 2012, la Ley de Sanidad y Cuidado Social. Los sucesivos escándalos, denunciados a partir de la implantación de los nuevas fórmulas de gestión, sobre el aumento de los niveles de mortalidad (un polémico estudio de 6 hospitales, denunciaba 4.200 muertes innecesarias en un periodo de cuatro años) y el gasto público derivado a manos privadas (el déficit económico se calcula entre 20.000 o 30.000 millones de libras para el año 2020) han puesto en entredicho las supuestas intenciones de las continuas reformas, provocando masivas movilizaciones de usuarios y profesionales. Una de esas últimas movilizaciones ha sido la huelga impulsada por los junior doctors (médicos que todavía no se han especializado), los cuales denuncian el aumento de las muerte innecesarias, provocadas por la precarización de las condiciones laborales y de los centros sanitarios.
Las iniciativas privatizadoras ensayadas en Reino Unido (proliferación de las fórmulas de asociación público-privada, como los hospitales PFI, la gestión de recursos y provisión de servicios por empresas privadas, los grupos de gestión clínica, el aumento de los seguros privados, los recortes en recursos y personal sanitario...) se extienden ahora en el estado español, todas ellas con la misma lógica: desregular el sistema sanitario público, separar financiación y provisión, introducir modelos de mercado y abrir un espacio progresivamente mayor a la provisión privada.
Experiencias de lucha contra las Unidades de Gestión Clínica en urgencias
Ya es manifiesta la intención del Gobierno de Aragón de implantar Unidades de Gestión Clínica, dando continuidad, de esta forma, al nuevo modelo de privatización sanitaria, conocido como UGC, que ya inicio el Partido Popular (PP), en la anterior legislatura y que aprobó el gobierno central el pasado 30 de julio de 2015. Este mecanismo introduce la lógica del beneficio empresarial dentro de los centros sanitarios. Para ello, se fragmentan los centros sanitarios (atención primaria y atención especializada) dividiéndose en múltiples unidades de gestión clínica que trabajarán con un presupuesto asignado y en base a unos objetivo de ahorro. Al igual que en bancos y empresas, aquellos profesionales que alcancen objetivos (como reducir el número de pacientes derivados a especialidades) podrán ser recompensados económicamente.
Uno de los múltiples territorios donde ya se han implantado esta nueva fórmula de privatización encubierta, es Castilla y León. En esta ponencia conoceremos de primera mano la lucha llevada a cabo por las trabajadoras y trabajadores sanitarios y vecinas y vecinos de Miranda de Ebro (Burgos), los cuales consiguieron paralizar la imposición de las UGC en el servicio de urgencias.
