10 años después de Fukushima, 83 colectivos exigen el fin de la energía nuclear en Europa

En el décimo aniversario del accidente nuclear de Fukushima, como protesta y para recordar a las víctimas, el movimiento ecologista pide boicotear a la energía nuclear realizando diversas acciones personales: desde reducir el consumo un día hasta producir su propia energía.

Foto: IAEA (CC)

Hace 10 años un terrible terremoto en Japón disparó una crisis nuclear en Fukushima Daiichi. Hoy hay más de un millón de m3 de agua radiactiva y el lugar acumula uranio y residuos fundidos aún reactivos. Hay todavía 39.000 personas que no pueden o no se atreven a volver a sus casas. Ha pasado una década y sigue siendo un área de desastre expuesta a empeorar por nuevos terremotos o tsunamis.

En este décimo aniversario, Ecologistas en Acción se une este 11 de marzo a la declaración firmada por más de 83 colectivos de 15 países europeos en contra de la continuidad de la energía nuclear en Europa. Según esta declaración, "la lucha por la justicia climática es una lucha contra el statu quo. La energía nuclear forma parte del sistema político y económico que nos lleva a múltiples catástrofes". Añade que "la energía nuclear muestra las injusticias fundamentales sobre las que se construyen nuestras sociedades. En resumen, encarna todo aquello a lo que nos oponemos en el capitalismo industrial global. Por ello, un grupo diverso de colectivos que luchan por la justicia climática declaramos nuestra oposición a la energía nuclear".

Por todo ello, cada 11 de marzo, como protesta y para recordar a las víctimas de Fukushima, el movimiento ecologista pide boicotear a la energía nuclear realizando diversas acciones personales: desde reducir el consumo un día hasta producir su propia energía. Por esto lanzan la campaña Desenchufa la energía nuclear.

¿Podría pasar aquí?

La central de Cofrentes (Valencia) está en una zona de antiguos volcanes e inundable en caso de rotura de alguna de las presas aguas arriba. Sin embargo, Ecologistas en acción señala que no se ha hecho ningún simulacro de emergencia con escenario de rotura de presa. El reactor de Cofrentes es semejante al nº 3 de Fukushima. La central, propiedad de Iberdrola, lleva 37 años en operación y la empresa pretende mantenerla hasta 2030, a pesar de haber declarado que no es rentable. ¿Puede garantizarse la seguridad de una compleja instalación que produce pérdidas a sus titulares?, se preguntan los ecologistas. La central ha obtenido un informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear, pero la decisión de renovar su autorización casi una década más es del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Ecologistas en Acción y el Movimiento Iberico Antinuclear (MIA) piden a la ministra Teresa Ribera que no prorrogue la autorización de Cofrentes. Demandan que "no se cometa el mismo error que con las centrales de Almaraz y Vandellós 1, a las que se les permite funcionar más de los 40 años para los que fueron diseñadas".

Acabar con las nucleares en el Estado Español

Para asegurar la implicación de la administración en este ámbito y el cumplimiento de las leyes actuales, Sociedad Humana, Greenpeace y Ecologistes en Acció de Catalunya presentaron un total de 24 requerimientos a las administraciones y cargos públicos con responsabilidades sobre el cumplimiento de la normativa de las centrales de Ascó y Vandellós. Estos requerimientos fueron enviados a los ayuntamientos con Planes de Actuación Municipal en Emergencia Nuclear (Pamen), es decir, a los municipios que se encuentran en un radio de 10 kilómetros de las centrales nucleares (zona 1), al Director General de Protección Civil, al Delegado del Gobierno en Catalunya, al subdelegado del Gobierno en Tarragona, al Consejo de Seguridad Nuclear, al Ministerio de Interior, al Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya y a la Asociación Nuclear de Ascó-Vandellòs.

La dejadez y despreocupación frente a estos planes de emergencia de muchas de las administraciones que fueron notificadas, "supone un riesgo en caso de un accidente nuclear", opina el colectivo. Por ello, con motivo del aniversario del accidente de Fukushima, las organizaciones firmantes de las cartas denuncian la inacción por parte de la administración pública y la industria nuclear en el cumplimiento de la normativa en seguridad, protección e información ciudadana y, a la vez, se quiere dejar constancia que los actores destacados y con responsabilidades son conocedores de la obligatoriedad normativa existente en relación a la industria nuclear, siendo responsables directamente de cualquier incidente perjudicial que pueda producirse al medio ambiente y a la salud de las personas por falta de acción de prevención y seguridad de las centrales nucleares.

El desastre de Fuskushima Daiichi

Japón lleva 10 años intentando solucionar el desastre del complejo nuclear de Fukushima Daiichi, pero la tarea es muy difícil y los avances, muy lentos. La empresa Tepco todavía no ha sido capaz de retirar todo el combustible gastado de las piscinas de los reactores dañados. Las 880 toneladas de combustible nuclear fundido siguen allí y es posible que no puedan retirarse completamente, lo que exigiría mantener encerrados los reactores en un sarcófago.

El plazo estimado por la empresa para completar el proceso de desmantelamiento se alarga hasta 2041 o 2051. Si es que no hay más retrasos. El balance de la central de Fukushima es de 30 a 40 años de producción comercial y otros tantos años para recuperación del desastre y desmantelamiento. Un fracaso de la tecnología nuclear y del sentido común.

Este año además, a pesar del Covid-19, se celebran los Juegos Olímpicos contra la opinión mayoritaria de la población. Japón tiene previsto el vertido de 1,24 millones de toneladas de agua radiactiva al mar. La situación sigue sin controlarse y la zona del accidente no será habitable en muchos años. A pesar de los avances tecnológicos y las ingentes cantidades de recursos que se están utilizando.

El agua radiactiva acumulada en Fukushima es una gran preocupación local e internacional. Hay que seguir refrigerando tres de los reactores porque sus núcleos fundidos están activos. El agua, muy contaminada radiactivamente, sale de las agrietadas contenciones de los reactores hacia los sótanos donde se mezcla con la que ha penetrado desde un río subterráneo.

El problema de desplazados no se resuelve

Cerca de 39.000 residentes de la prefectura de Fukushima todavía eran evacuados "oficiales" en abril de 2020. Y aunque el gobierno continúa levantando las órdenes de restricción para algunos municipios, la ciudadanía no se atreve a volver porque los niveles de radiactividad de esas áreas pueden superar veinte veces los estándares internacionales. La política del Gobierno de forzar el retorno a las zonas contaminadas está fracasando. Relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU han declarado su preocupación por las políticas japonesas sobre los evacuados.

Mientras tanto, lo que más trasciende es que el gobierno japonés sigue empeñado en organizar las olimpiadas, para mostrar al mundo que el país ha recuperado la normalidad. Pero es un autoengaño irresponsable. Como lo fue la creencia de que nunca podría ocurrir un accidente nuclear grave en las centrales de Japón.

El mito de la seguridad, que "infectaba" tanto a los operadores nucleares como a la administración y al regulador junto con la excusa de no provocar "alarma social", condujeron a decisiones de una negligencia que produce escalofríos. En el caso de Fukushima, tenían conocimiento de la alta probabilidad de un tsunami que superara las hipótesis de diseño del complejo nuclear pero no hicieron nada. Decidieron ignorarlo porque "era extremadamente improbable que pudiera ocurrir un accidente grave".

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies