La política de transporte del Estado español ha favorecido el transporte privado frente al público, el individual frente al colectivo, la carretera frente al ferrocarril, y el AVE frente al tren normal que utilizamos la inmensa mayoría: sólo un 4% de las personas utilizan el AVE, que se lleva el 70% de las inversiones ferroviarias, mientras que los trenes de cercanías y los trenes regionales, donde viajamos el 96%, reciben sólo un 30%.
El AVE es un tren elitista, ineficiente e insostenible, caro y sumamente deficitario, que pagamos entre todos/as pero no todos/as podemos utilizar, que se diseña en periodos electorales y se construye cuando a las grandes constructoras se les desinfla la burbuja inmobiliaria.
Mientras tanto, el ferrocarril que garantiza nuestro derecho a la accesibilidad a nuestras tareas cotidianas se abandona, se fragmenta y se convierte en un negocio para las multinacionales que exigen su privatización. La próxima revisión de las Obligaciones de Servicio Público puede suponer un nuevo recorte en los servicios ferroviarios.
El modelo de ferrocarril que defendemos debe seguir siendo de titularidad pública y debe estar al servicio de la sociedad.
Debe ser el modo de transporte social por excelencia, por su respeto al medio ambiente, rentabilidad social, eficiencia energética, mínima ocupación de suelo y cohesión territorial.
Las cuentas del ferrocarril deben considerar el ahorro en costes externos en comparación con otros modos de transporte, y las personas usuarias del ferrocarril se deben beneficiar de este ahorro, fomentándose su utilización por medio de servicios adecuados y tarifas asequibles y compensadas.
Las inversiones en infraestructuras de transporte deben favorecer de forma prioritaria al ferrocarril, revertiendo el mucho tiempo de abandono y orientándose a:
- Actualización de las líneas mejorando los sistemas de seguridad.
- Parar el levantamiento de vías y recuperar las líneas cerradas.
- Adecuación de horarios a las necesidades de la población.
- Aumento de frecuencias en líneas con una demanda no satisfecha.
- Recuperación de servicios y reapertura de estaciones
- Construcción de intercambiadores y plataformas intermodales
- Fomentar del transporte de mercancías por ferrocarril
El ferrocarril debe garantizar la seguridad por delante de cualquier otro criterio.
Renfe y Adif deben reunificarse, integrando planificación y servicio, interiorizando los todos los trabajos externalizados y los servicios que se prestan al público.
El fomento del ferrocarril pasa por invertir en un servicio de calidad, potenciando el uso de la bicicleta y facilitando la accesibilidad a personas con diversidad funcional.
Se deben revertir los recortes en personal, tanto a bordo de los trenes como en las estaciones, y establecer un marco laboral común que garantice tanto las condiciones de trabajo como la seguridad y la calidad del servicio.
La Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible, se encuentra inmersa en una Semana de Lucha, del 13 al 19 de noviembre de 2017, para reclamar un tren público, eficiente, sostenible, accesible, asequible, seguro y de calidad.
