El acceso a la vivienda es desde hace décadas uno de los principales problemas de la clase trabajadora en nuestro país, el cual se vio agravado a partir del año 2000 como consecuencia de la burbuja inmobiliaria que finalmente explotó en 2008. Con todo, la explosión de la burbuja, aunque provocó una fuerte bajada del precio de la vivienda en los años sucesivos, no supuso que la vivienda dejara de ser un problema. Y es que aunque los altos precios de la vivienda son su principal causa, la precariedad laboral también es un factor que dificulta el acceso a una vivienda a un precio acorde a los salarios. Un problema que afecta especialmente a aquellos sectores de la clase trabajadora más precarios, es decir, la juventud y los inmigrantes.
Con el objetivo de poner freno al elevado precio de la vivienda en alquiler, el Gobierno del Estado español ha aprobado un índice de precios de referencia para las viviendas en alquiler. Esta medida, aunque insuficiente, puede ser un instrumento válido para detener la escalada del precio de los alquileres. Este índice establece una horquilla de precios recomendada para cada vivienda, no pudiendo superar la horquilla superior en determinados casos.
Cuando un municipio sea declarado zona tensionada por parte del gobierno autonómico, las viviendas en alquiler no podrán superar la horquilla máxima en dos supuestos:
- Cuando el propietario de la vivienda sea un gran tenedor (más de 10 viviendas). Es decir, que toda la vivienda que tengan en alquiler los bancos, los fondos de inversión u otros grandes propietarios se tendrán que ajustar a la horquilla máxima. Esto puede provocar importantes bajadas en las rentas del alquiler de esas viviendas.
- Cuando una vivienda sea puesta en alquiler y no lo haya estado en los últimos cinco años, con independencia de quien sea el propietario. Esto puede desincentivar la comprar con carácter especulativo al reducir la rentabilidad de la inversión, lo que sin duda empujará a la baja los precios de la vivienda.
Además, las viviendas que ya estén en alquiler en un municipio declarado zona tensionada no podrán incrementar su renta del alquiler por encima del IPC. Es decir, que si al terminar un contrato de cinco años el casero quiere incrementar un 30% el precio del alquiler porque en ese tiempo los alquileres han subido ese porcentaje, no lo podrá hacer y se tendrá que conformar con cobrar el mismo importe que ya cobraba. Este supuesto sería fundamental para frenar los incrementos en los alquileres de muchas viviendas que se alquilaron hace tres o cuatro años cuando los precios no eran tan altos.
Por todo ello, es fundamental que el Gobierno de Aragón declare Zaragoza como zona tensionada. De esta manera se pondría freno a la constante subida de los alquileres e incluso se lograría que una parte de ellos bajasen. Ciertamente, resulta poco probable que el Gobierno PP-Vox, tan amigo de la clase rentista de la que forma parte, vaya a tomar ninguna medida que perjudique los intereses de esta minoría privilegiada y parásita. Con todo, debemos presionar para que más pronto que tarde se tomen medidas que intervengan en los precios y que consideren la vivienda como un derecho y no como una simple mercancía con la que especular.
