El pasado 1 de octubre el BOA publicó el Decreto 172/2026 por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Turismo. En ese texto, el cambio climático desaparece como competencia explícitamente identificada en la estructura departamental, sin pasar formalmente a otra Dirección General. Simplemente deja de existir.
El Gobierno de Aragón ya no se atribuye “el impulso, dirección y planificación de la política en materia de cambio climático” como se señalaba en el Decreto 56/2024 que regulaba la estructura anterior, ni la existencia de un servicio para “el impulso, seguimiento y desarrollo de las políticas públicas de mitigación y adaptación frente al cambio climático en los diferentes sectores y territorios”. De hecho, la expresión “cambio climático” no aparece en el nuevo Decreto ni una sola vez, como tampoco aparecen “mitigación”, “efecto invernadero” ni “adaptación” en sentido climático. Es decir, oficialmente ya no hay cambio climático en Aragón.
El actual gobierno regional se ha plegado, una vez más, a los dislates ideológicos de la ultraderecha. El actual proceso de cambio climático antropogénico no es opinable, no es un elemento de debate ideológico. Es un hecho científico inequívoco, documentado durante décadas por miles de estudios científicos y cuyas repercusiones negativas sobre el medio natural y las actividades antrópicas son cada vez más evidentes en todo el mundo.
También en los paisajes de las comarcas de nuestro país. Les guste o no. Lo vean o no. Aragón ha sufrido este año una violenta oleada de incendios favorecida por unas condiciones de calor y sequedad cada vez más extremas en el contexto de un clima alterado por las actividades humanas. La ciudad de Zaragoza ha experimentado más días con temperaturas iguales o superiores a 40 ºC o un número de noches tropicales como nunca desde que hay registros, unas series climatológicas que arrancan en el siglo XIX. Y eso sin añadir el efecto urbano sobre las temperaturas. Mes a mes se superan sistemáticamente los registros históricos más cálidos, la sequía empieza a asomar tras unos meses de tregua y ya la práctica totalidad del territorio se encuentra en una situación muy seca o extremadamente seca según los índices manejados, en especial en el alto Pirineo, tan importante a la hora de captar aguas superficiales para la planificación hidrológica. Tendencias y hechos que llevan repitiéndose año a año, década a década y que nos hablan de un clima diferente del que hemos conocido y en el que la masiva emisión de gases con efecto invernadero a la atmósfera es la causante de esos cambios. Estos veranos ya no son los de nuestra infancia y el cielo parece que se ha olvidado de cómo llover.
Ante la evidencia científica e incluso frente a nuestra percepción, nos encontramos con un Gobierno que, en un acto de irresponsabilidad manifiesta y no bien ponderada, esconde el problema. Lo oculta bajo una oscura pátina ideológica sin entender que no es posible gestionar los recursos naturales, la biodiversidad, nuestros bosques y montes, los suelos, los residuos, la calidad del aire y los recursos hídricos sin atender a la evolución reciente y futura del clima. Pero tampoco es posible planificar sectores que, sin dejar de ser importantes, parecen pasar a ser una prioridad fundamental en un organigrama dedicado al medio ambiente, como la caza y la pesca o el turismo. Todas ellas competencias del departamento y por ende del Gobierno de Aragón.
El cambio climático afecta a todas las actividades económicas, a los procesos naturales y a la salud humana. En un país tan complejo como Aragón, es evidente que este fenómeno no puede ser la única variable a tener en cuenta en la planificación territorial, pero sí ha de tenerse en cuenta como un factor más a la hora de desarrollar cualquier tipo de política que afecte a las personas y al territorio. Podemos discutir sobre las medidas de adaptación, sus tiempos, actores implicados o las compensaciones. Es allí donde debe el centrarse el debate ideológico y las propuestas para la gestión del escenario climático actual. Pero meterlo en un cajón, o su equivalente real, como sería el borrarlo de un organigrama mediante decretazo, no va a hacer desaparecer el problema.
Si no tomamos las medidas adecuadas desde la transversalidad de sus efectos y una visión pluridisciplinar del problema, los efectos de unos eventos meteorológicos extremos recurrentes y de mayor intensidad afectarán cada vez más a nuestro medio natural, al desarrollo económico y al bienestar social de la población, a la que solo le quedará reclamar respuestas a unos irresponsables cuya ceguera ideológica les impide ver una evidente realidad.





