Vivienda social en alquiler, un problema inaplazable

Ya son varios organismos nacionales e internacionales que ponen de manifiesto el acuciante problema del acceso a la vivienda para las personas con bajos ingresos. Según el FMI, “hay una falta importante de vivienda social y España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de arrendatarios que realizan un sobresfuerzo destinado a la vivienda. Esta circunstancia es desproporcionadamente alta en el caso de jóvenes, hogares pobres y migrantes” El relator de la ONU sobre la pobreza y los derechos humanos en su visita al Estado español destaca la casi inexistencia de vivienda de alquiler de bajo coste. En …

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Ya son varios organismos nacionales e internacionales que ponen de manifiesto el acuciante problema del acceso a la vivienda para las personas con bajos ingresos.

Según el FMI, “hay una falta importante de vivienda social y España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de arrendatarios que realizan un sobresfuerzo destinado a la vivienda. Esta circunstancia es desproporcionadamente alta en el caso de jóvenes, hogares pobres y migrantes”

El relator de la ONU sobre la pobreza y los derechos humanos en su visita al Estado español destaca la casi inexistencia de vivienda de alquiler de bajo coste. En 2018 sólo el 2,7% de la población alquilaba viviendas por debajo del precio del mercado, en comparación con el 30% de los Países Bajos, 24% en Austria, 17,6 en Reino Unido y 16,8 en Francia. Además Housing Europe, calcula que en el Estado español hay 3,8 millones de viviendas vacías

La Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, denuncia el enorme esfuerzo que tienen que hacer las familias con menos ingresos que han de destinar casi un 50% de los mismos para el pago del alquiler

El Banco de España se hace eco de este problema añadiendo que “la política más efectiva para abordar esta situación es incrementar de manera estable la oferta de vivienda en arrendamiento a disposición de los colectivos más vulnerables

El propio Ministerio español de Transportes, Movilidad y Agencia urbana incide en en este tema en su “Observatorio de vivienda y suelo. Boletín especial Vivienda social 2020”. Incluso desciende hasta el nivel municipal y recoge información de los municipios de más de 20.000 habitantes. Zaragoza aparece como la cuarta ciudad española en número de habitantes, pero es la séptima en número de viviendas de alquiler social (2.383 viviendas) y en porcentaje de estas viviendas por habitantes (0,35%). Sólo Madrid está por debajo de Zaragoza entre las grandes ciudades (0,2%) y Bilbao es la que tiene una mayor dotación de parque de vivienda social de alquiler y, sin embargo, sólo alcanza el 1,2% de su población.

En estas condiciones, tanto el Gobierno de Aragón como los gobiernos municipales deberían reforzar las políticas que faciliten el acceso a la vivienda a la población más vulnerable. A una vivienda digna y asequible económicamente.

Y ¿qué nos encontramos? En Zaragoza están empezando a saltar las alarmas en relación con algunas de las últimas medidas tomadas por Zaragoza Vivienda.

La gestión de ZV ha sido siempre modélica y reconocida a nivel estatal. Desde su creación, pasando por gobiernos del PSOE y del PP, ha mantenido la política de apoyo a los más vulnerables. Incluso coordina el Grupo Social del parque público de viviendas de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS).

Desde esta perspectiva y ante la grave situación de la actual pandemia no se entiende que el nuevo equipo del PP-Cs en Zaragoza Vivienda no refuerce su tradicional política de alquiler social sino que la disminuya y la endurezca. Así, ha eliminado el programa de captación de vivienda vacía, “alegra tu vivienda”, con el cual se incrementaron 420 viviendas de alquiler social. Este programa permitía ampliar el parque de vivienda social disminuyendo el número de viviendas vacías.

Por otra parte, ha cerrado la Oficina municipal de mediación hipotecaria y/o de alquiler. En momentos de graves dificultades para muchas personas, esta mediación podría evitar algunos desahucios que se siguen produciendo.

Y lo último ha sido el aumento real del precio de alquiler mediante el mecanismo de sacar fuera del cálculo del mismo los gastos de comunidad. Entre 40 y 60 euros de aumento para unas economías familiares de mínimos y en plena crisis de la pandemia.

Ahora menos que nunca se puede permitir este gobierno de la derecha un cambio de dirección tan radical en su política de vivienda con los sectores más vulnerables. Todas las organizaciones nacionales e internacionales están reclamando una mayor atención a este problema. La vivienda, una vivienda digna y asequible, es el punto de partida para cualquier proyecto de vida. La pandemia lo ha puesto hoy de manifiesto con rotundidad. Ni Ciudadanos ni Vox tienen experiencia de gestión en este campo. Pero el PP la tiene y no debería darle la espalda. No es la primera vez que gestiona Zaragoza vivienda y ahora no puede errar su dirección.

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