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Veto parental: Educación en Valores, la Buena Educación

El malestar social generado por la presentación de mociones a favor del “Veto parental” (conocido como Pin Parental) en los parlamentos autonómicos por parte del partido de ultraderecha Vox y apoyado en algunos de ellos por Ciudadanos y Partido Popular, lejos de responder exclusivamente a un alarde de poder frente a sus socios políticos, responde...
| 10 febrero, 2020 10.02
Veto parental: Educación en Valores, la Buena Educación

El malestar social generado por la presentación de mociones a favor del “Veto parental” (conocido como Pin Parental) en los parlamentos autonómicos por parte del partido de ultraderecha Vox y apoyado en algunos de ellos por Ciudadanos y Partido Popular, lejos de responder exclusivamente a un alarde de poder frente a sus socios políticos, responde a una vieja batalla que desde hace muchos años libran las derechas más ultraliberales y ultracatólicas en diferentes países. Contrarios a la Educación Pública y deseosos de derivar el gasto educativo a sus intereses particulares, fundando escuelas privadas que consiguen concertar con menor o mayor éxito según el país – España es uno de los países donde no les está yendo nada mal-, promueven campañas financiadas por entidades ultracatólicas, apoyadas por los partidos más proclives, en las que atacan los pilares básicos de la Escuela Pública, democrática, laica, gratuita y universal que representa el mejor instrumento hasta ahora conocido para desarrollar uno de los derechos básicos de la humanidad en general, y de la infancia , en particular: el recogido por el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, el Derecho a la Educación, que dice en sus apartados 2 y 3:

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

A este artículo hay que añadirle la posterior Convención sobre los derechos del niño de 1989, suscrito por España y de obligado cumplimiento: en esta Convención se destaca especialmente: el interés superior del niño, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, la sobrevivencia y el desarrollo y finalmente, el derecho a la libertad de expresión y a ser escuchado.

Es decir, que el niño y la niña dejaron de ser considerados objeto de protección para convertirse en sujetos titulares de derechos, algo que parecen haber olvidado precisamente quienes han lanzado esta nueva campaña difamatoria contra el conjunto de la escuela pública, a la que presentan como un espacio oscuro y repulsivo, donde un profesorado perverso y malévolo introduce a todo tipo de personas de dudosa moralidad, a escondidas de familias, inspecciones y direcciones, intentando convertir a sus alumnas y alumnos en no se sabe qué engendro estatal. Gracias a su campaña, ahora por fin se habrían destapado todas las intrigas poniendo fin a tanta barbarie.

Es curioso que quienes hacen llegar desde hace varios años a los centros educativos los panfletos de Hazte Oír contra “la ideología de género” y elaboran listas difamatorias de centros públicos donde se imparten talleres de Educación Afectivo-sexual, acusándoles de “adoctrinamiento sexual”, sean precisamente quienes podrían estar incumpliendo todos y cada uno de los artículos de dicha Convención, y que, en su mayor parte, son partidarios de la educación privada concertada, en la que mayor contenido ideológico y mayor control social se ejerce sobre el conjunto de la comunidad educativa y mayor connivencia existe con la Iglesia católica.

La Plataforma de la Escuela Pública de Huesca lleva años trabajando por la mejora de la Calidad de la Educación Pública, denunciando los recortes económicos y exigiendo la derogación de la LOMCE precisamente por clasista y discriminatoria y antidemocrática. Fue la LOMCE, aprobada por el PP, la que privó a los consejos escolares de la capacidad de decisión, reduciéndolos a meros consejos consultores. Como es bien sabido, las familias participan no sólo en dichos Consejos Escolares, a través de miembros elegidos democráticamente, sino que también las familias pueden asociarse a las AMYPAS o AMPAS de los centros. Todos los centros están obligados por ley a hacer pública su Programación General Anual, aprobada por el Consejo Escolar y la Inspección, así como son obligatorias las reuniones trimestrales o anuales de tutores y tutoras con los responsables familiares. En la mayoría de los centros de primaria la comunicación y participación de las familias en la vida escolar es mucho más intensa que en los centros de secundaria, siendo en algunos casos copartícipes de gran parte de las actividades curriculares, como en los centros donde se aplica la metodología propia de las Comunidades de aprendizaje. Las familias conocen los centros donde estudian sus hijos e hijas y acuden cuando lo consideran pertinente.

Por lo que se refiere a las actividades complementarias son aprobadas por el Consejo Escolar y, en su caso, por la Inspección Educativa, por lo que no existe ninguna actividad que se organice de forma “clandestina” ni “oscura” como una práctica habitual.

En cuanto al profesorado de la Escuela Pública, como tantas veces se ha recordado, es mucho más plural ideológicamente que el profesorado de las Escuelas privadas o religiosas, dado el acceso a través del sistema de concurso-oposición. Tan plural como las familias y sus hijos e hijas, por lo que sorprende sobremanera que se señale a los centros públicos, donde las familias acuden, mayoritariamente, por proximidad o por no tener otro centro –zonas rurales- y el profesorado concursa por su puesto de trabajo.

En cuanto a la polémica entre instrucción y educación, hasta la LOMCE reconoce que «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». Reconociendo más abajo que :

“Las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son suficientes; es necesario adquirir desde edades tempranas competencias transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, y actitudes clave como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio.[…] Debe darse el desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género”.

Es decir, que el profesor o la profesora, cuando dan clase, sea cual sea su materia, deberá asegurar al mismo tiempo, una educación en valores democráticos, solidaridad, tolerancia, igualdad y derechos humanos. Por otra parte, los centros educativos en Aragón, están obligados por ley a desarrollar sus Proyectos educativos de centro, sus planes de convivencia con la incorporación del Protocolo Antibullying autonómico, el Reglamento de Régimen Interno, que incluye la Carta de Derechos y Deberes del Alumnado y a partir del próximo curso un Plan de Igualdad.

Nuestros menores tienen derecho a conocer la diversidad familiar realmente existente en nuestro país, así como tienen derecho a una educación afectivo-sexual integral a lo largo de toda la etapa escolar, así como a una educación para la salud, el respeto al medio-ambiente, una educación para la paz y la convivencia, que contemple la inclusión de todas las personas, sin distinción de clase social, religión, identidad de género u opción sexual, ni capacidades, así como una educación para la igualdad, que avance en la eliminación de las barreras que obstaculizan el pleno desarrollo de las niñas y los niños en cualquier ámbito social, así como una educación para la resolución no violenta de los conflictos.

Lejos de ser un país modélico en la educación en Derechos Humanos y la educación para la Ciudadanía, asignaturas que se imparten obligatoriamente en más de 20 países de la UE, nuestros legisladores van excesivamente lentos en la implantación de las herramientas para que las cifras de la pobreza, la segregación escolar de carácter económico, la discriminación racial o étnica, la violencia sexual y el acoso escolar dejen de ser tan altas. Sólo en Murcia el número de casos denunciados de violencia sexual mayoritariamente contra mujeres ha aumentado de 391 en 2017 a 478 en 2018. A nivel nacional han sido denunciados 13.000 casos de violencia sexual. ¿Vamos a seguir dejando la Educación Sexual en manos de la pornografía o en los mitos y estereotipos del machismo ancestral? Por otra parte, de nuevo nos ha vuelto a sacar los colores el Relator especial de la ONU que acaba de visitar nuestro país, un país que siendo rico, ha dicho, vive en la pobreza generalizada. Pongámonos, entonces, a trabajar en lo que importa. Reduzcamos las desigualdades y demos la mejor educación a todas esas niñas y niños que viven en la pobreza como fruto de la tremenda injusticia social generada por la crisis económica.

10 febrero, 2020

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