Hoy va por ellas. Por las alimentadoras y cuidadoras de colonias felinas. Por esa inmensa mayoría de mujeres —y también de hombres— que dedica su tiempo, su esfuerzo, su dinero y, demasiadas veces, hasta su salud a atender a los gatos comunitarios.
No descansan los domingos. Tampoco los festivos. No hay vacaciones, frío, lluvia ni ola de calor que permita dejar para mañana lo que debe hacerse hoy. Porque los animales necesitan comer, beber y recibir atención todos los días del año.
Ahí están siempre, al pie del cañón.
Compran el alimento de su propio bolsillo, transportan agua, limpian los espacios, vigilan el estado de cada gato, detectan enfermedades, organizan capturas para esterilizar, buscan atención veterinaria y afrontan conflictos vecinales. Lo hacen casi siempre de manera silenciosa y, en ocasiones, soportando incomprensión, desprecio e incluso amenazas.
Y conviene decirlo con toda claridad: no están realizando únicamente una labor solidaria. En muchos municipios están sosteniendo con sus recursos particulares una tarea cuya responsabilidad corresponde legalmente a la Administración.
La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece que, salvo que la legislación autonómica disponga otra cosa, corresponde a las entidades locales gestionar los gatos comunitarios. Los ayuntamientos deben desarrollar programas de gestión de colonias felinas, asumir la atención sanitaria de los animales que la necesiten y establecer planes de censo, esterilización, identificación y control poblacional. La propia definición legal de gestión de colonias incluye que los gatos sean alimentados y atendidos mediante un programa sanitario. No se trata, por tanto, de un favor ni de una concesión política: es una obligación pública. [Ley 7/2023, artículos 38 a 42]
Sin embargo, demasiados ayuntamientos continúan mirando hacia otro lado. No aportan alimento suficiente, no habilitan partidas presupuestarias, no garantizan la atención veterinaria y no proporcionan medios materiales adecuados. Después esperan que las cuidadoras cubran todas esas carencias mediante donaciones, rifas, mercadillos y dinero de sus propios bolsillos.
La colaboración ciudadana prevista en la ley no puede convertirse en una excusa para que la Administración se desentienda de sus responsabilidades. Colaborar no significa sustituir. El voluntariado no debe servir para ocultar la falta de gestión municipal ni para descargar sobre personas particulares el coste económico y emocional de un servicio público.
Reubicaciones que se convierten en cárceles
A esta dejación se está sumando una práctica especialmente preocupante: la construcción de recintos vallados en los que algunos ayuntamientos pretenden encerrar a los gatos comunitarios, presentando estas instalaciones como supuestas “reubicaciones”.
Pero encerrar indefinidamente a unos gatos nacidos y adaptados a la vida en libertad no es reubicarlos. Es confinarlos. Si esos animales van a permanecer para siempre dentro de un cercado, sin posibilidad de desarrollar con normalidad su comportamiento y sin una justificación individualizada, no estamos ante una medida temporal de protección. Estamos ante auténticas cárceles para gatos.
Un recinto vallado tampoco puede utilizarse como sustituto de los programas municipales de gestión ni como una solución rápida para retirar las colonias de la vista. Mucho menos puede presentarse como equivalente al lugar acondicionado que la ley exige para la retirada temporal de una colonia cuando exista una necesidad concreta.
La legislación es clara: prohíbe el confinamiento de gatos no socializados en centros de protección animal, residencias o instalaciones similares, salvo durante las intervenciones necesarias para su tratamiento o reubicación. También prohíbe retirar a los gatos comunitarios de sus colonias y desplazarlos a otros lugares, excepto en determinados supuestos debidamente justificados.
Una verdadera reubicación debe responder a una causa excepcional, como la existencia de un peligro grave para los propios animales, un riesgo para la salud o la seguridad de las personas o una afección relevante a la biodiversidad protegida. Además, debe planificarse respetando el bienestar de los gatos, contar con supervisión veterinaria y, cuando corresponda, con el informe previo del órgano competente de la comunidad autónoma.
Por tanto, no basta con construir una valla, trasladar allí a los animales y llamar “reubicación” a lo que, en la práctica, será un encierro permanente. Cambiar el nombre de una actuación no cambia su naturaleza ni elimina sus consecuencias.
Los gatos comunitarios no son objetos que puedan almacenarse para resolver una queja vecinal o liberar un terreno. Son seres sintientes, protegidos por la ley, y cualquier decisión debe atender a su integridad, su comportamiento natural y su calidad de vida. Mantenerlos encerrados indefinidamente en condiciones incompatibles con su bienestar puede constituir una forma de maltrato y debe ser fiscalizado por las autoridades competentes.
Dejar sin alimento ni cuidados adecuados a unos animales cuya gestión corresponde a la Administración tampoco es una simple negligencia burocrática. Tiene consecuencias reales: hambre, enfermedad, sufrimiento y muerte. No se puede hablar de bienestar animal mientras se abandona a los gatos comunitarios, se encierra a otros en recintos permanentes y se deja solas a las personas que los mantienen con vida.
Las cuidadoras conocen a cada animal. Saben cuál ha dejado de comer, cuál necesita medicación, cuál acaba de aparecer abandonado y cuál corre peligro. Poseen una experiencia imprescindible para gestionar correctamente las colonias. Por eso deben ser escuchadas, acreditadas, protegidas y dotadas de recursos. No perseguidas, ignoradas ni utilizadas como mano de obra gratuita.
Los ayuntamientos tienen que elaborar programas reales, asignar presupuestos, proporcionar alimento, garantizar asistencia veterinaria, impulsar campañas de esterilización y establecer protocolos que protejan tanto a los gatos como a quienes los cuidan. También deben justificar con rigor cualquier retirada o reubicación, asegurar que responde a los supuestos permitidos legalmente y descartar el confinamiento permanente como falsa solución.
Las fotografías institucionales, las declaraciones de buenas intenciones y los recintos vallados no sustituyen una política pública responsable.
Este artículo va por todas esas personas que salen de casa cargadas de pienso y agua cuando los demás descansan. Por quienes llegan a fin de mes con dificultad porque antes han pagado una factura veterinaria. Por quienes sufren cada pérdida y, aun así, vuelven al día siguiente para atender a los que quedan.
Gracias a ellas, muchos gatos siguen vivos. Pero el agradecimiento no basta.
Ha llegado el momento de que las administraciones cumplan la ley, asuman sus obligaciones y dejen de convertir la solidaridad ciudadana en una coartada para su propia inacción. Y también de que dejen de llamar “reubicación” a lo que, cuando supone un encierro indefinido, no es más que una cárcel para gatos.
