Sebastián Celaya, consejero de Sanidad de Aragón nombrado por el PSOE, ha declarado su interés por implantar en nuestro territorio las Unidades de Gestión Clínica. También el Gerente del Salud Aragón, Javier Marión, se pronunció a favor de las mismas anunciando su puesta en marcha durante el próximo año. Eso daría continuidad al nuevo modelo de privatización sanitaria, conocido como UGC, promovido por el PP en la anterior legislatura.
El SALUD ha declarado que el objetivo de las unidades de gestión en Aragón será “unificar criterios en tratamientos y protocolos”. Con este mismo argumento se presentaron en su día las UGC en Andalucía, cuyas verdaderas intenciones pueden constatarse hoy: incentivar económicamente a los profesionales para que reduzcan el gasto sanitario, reducir plantillas, recortar prestaciones y deteriorar la calidad asistencial, vinculando las actividades del personal médico y sanitario con prácticas empresariales de premios económicos ligados al ahorro.
Como viene siendo habitual, esta política acusa a enfermos y pacientes de abusar de los servicios sanitarios y otorga al personal médico la función de limitar el acceso a pruebas y tratamientos a cambio de mayores retribuciones.
¿En qué consiste el sistema de Unidades de Gestión Clínica?
Las UGC son un mecanismo para introducir la lógica del beneficio empresarial dentro de los centros sanitarios. Por eso dividen los centros sanitarios (atención primaria y atención especializada) en múltiples “unidades de gestión” que trabajarán con un presupuesto asignado y en base a unos objetivos de ahorro. Como en un banco o en cualquier empresa, los profesionales que alcanzan esos objetivos (como reducir el número de pacientes derivados a especialidades) son recompensados económicamente.
Las UGC podrán crearse de oficio por la Administración o a solicitud de los propios profesionales. Su organización será vertical, con una estructura de dirección unipersonal y/o colegiada. Podrán establecer y autorizar alianzas estratégicas o proyectos de gestión compartida entre distintos centros sanitarios de una “red pública” en la que, recordemos, ya existen centros privados con ánimo de lucro.
Formarán parte de las UGC los profesionales sanitarios y no sanitarios que acepten integrarse “voluntariamente” (recordemos que en Andalucía esa adscripción comenzó siendo voluntaria para acabar forzando a toda la plantilla del Servicio Andaluz de Salud).
No tendrán personalidad jurídica propia. Los sectores médicos no estaban dispuestos a asumir los riesgos (económicos) derivados de la creación de sociedades empresariales, así que se mantiene el modelo existente en Andalucía y Asturias (puesto en marcha por gobiernos del PSOE junto con IU y contra el que los denominados “partidos emergentes” como Podemos-Aragón no se han pronunciado hasta la fecha) que mantiene el carácter “funcionarial” para gestionar el dinero de todos pero acumulando beneficios sin asumir pérdidas.
Los incentivos económicos se vincularán al cumplimiento de los objetivos establecidos con las Direcciones. En Andalucía, los directores de UGC se embolsan por este concepto hasta 13.000 €/año y el resto de médicos hasta 7.000, y en Asturias se “reparte” como incentivos hasta el 49% del “ahorro” anual por cada UGC.
¿Qué consecuencias tendrán la UGC?
- Primará el interés en reducir el número de ingresos y las pruebas diagnósticas. Eso dificultará la atención temprana de enfermedades y el tratamiento de las mismas, generando mayor riesgo de mortalidad.
- Aquellas UGC que necesiten renovar sus equipamientos médicos deberán hacerlo con el presupuesto asignado y, por lo tanto, descontándolo de sus beneficios. En muchos casos eso podrá llevar a retrasar o evitar la compra de equipos vitales para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
- Los pacientes de mayor edad o con afecciones crónicas o graves serán un “obstáculo” para alcanzar los objetivos empresariales de las UGC.
- Se tenderá a reducir las contrataciones de personal, pues el objetivo prioritario es disminuir el gasto.
¿Por qué debemos oponernos?
Porque lo que se pretende con las Unidades de Gestión Clínica es transformar los centros sanitarios en pequeñas unidades con funcionamiento empresarial, para la implantación futura de las empresas privadas mientras se va fragmentando y desmantelando el sistema público de salud.
Porque primar los objetivos económicos es completamente contrario al derecho a la salud y a la dignidad de las personas.
Ni empresas en la sanidad, ni médicos empresarios.
No a las Unidades de Gestión Clínica.
