Hace escasamente un mes, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, daba por amortizada la legislatura y convocaba elecciones. Han sido poco más de dos años en los que el Ejecutivo ha dejado clara su postura sobre la educación: desmantelamiento de lo público y crecimiento de lo privado.
A las históricas carencias que arrastraba el sistema educativo público aragonés se han ido sumando otras que no han tardado en ser denunciadas por la comunidad educativa. Infraestructuras precarias, falta de personal docente y no docente, inestabilidad del profesorado, etc. Ante esta situación, familias y docentes se han movilizado en defensa de la Educación Pública, que es el único modelo que garantiza la educación en todo el territorio aragonés.
Cuesta creer que el Gobierno de Aragón no dé respuesta a estas demandas de la comunidad educativa por carencias presupuestarias, teniendo en cuenta que su última gran medida educativa (la subvención del bachillerato y de la enseñanza de 2 a 3 años en centros privados) va a suponer a las arcas públicas un gasto de 20 millones de euros. Esto refleja que, en realidad, la desatención a las peticiones de la comunidad educativa responde a un posicionamiento político claro: la Educación Pública no es una prioridad.
Siguiendo el modelo de otros adalides del neoliberalismo que gobiernan en otras latitudes, el ejecutivo de Azcón demuestra que la privatización se desarrolla a dos niveles. Por un lado, desatendiendo las necesidades de los servicios públicos, incluso en lo más básico. Una política de recortes que contribuye a desmantelar unos servicios esenciales para el conjunto de la población.
Por otro lado, la privatización se desarrolla desviando directamente dinero público a entidades privadas que buscan competir, paradójicamente, con lo público. Esto resulta especialmente evidente en el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que el sistema educativo público puede atender perfectamente la demanda de escolarización en etapas como el Bachillerato y la Educación Infantil.
En esta apuesta por la educación privada desarrollada durante la legislatura, no solo se ha decidido concertar el bachillerato por primera vez en Aragón y subvencionar otro periodo no obligatorio como es la educación infantil de 2-3 años. También se ha optado por favorecer el crecimiento de la universidad privada, con la proliferación de nuevas entidades privadas y el crecimiento de la ya existente.
La legislatura ha sido breve, pero ha durado el tiempo suficiente para evidenciar cuáles son las prioridades de la derecha aragonesa en materia educativa. La educación privada goza de su mejor momento, mientras que la pública sufre los efectos de sus políticas neoliberales.
La respuesta de la comunidad educativa
La decisión del Gobierno de Aragón de concertar el bachillerato supuso el broche final a una legislatura nefasta para la Escuela Pública. Desde entonces, se han sucedido una serie de protestas que van a culminar con una huelga educativa de tres días (20, 21 y 22 de enero) convocada por el sindicato CGT, con el apoyo de SOA. Una huelga a la que se han sumado diversos colectivos estudiantiles, sociales y políticos de Aragón. Como se recoge en un reciente artículo publicado en este mismo medio, se están organizando diferentes movilizaciones en las principales localidades aragonesas para los próximos días.
No conviene olvidar que la Educación Pública es la única que está presente en todas las comarcas aragonesas, la única que garantiza la atención educativa a la población en las áreas rurales y la única que puede garantizar el acceso a la educación en condiciones de igualdad. Como nos recuerda la gestión del gobierno aragonés, existen dos modelos antagónicos entre los que hay que elegir. El avance de la educación privada es incompatible con el sostenimiento de la Educación Pública.
