Casi la mitad de las personas dependientes (un 46,7%) carecían de cobertura en Aragón a principio de la legislatura PSOE-CHA (junio 2015). La cifra se ha reducido hasta el 33,2%, pero todavía sigue lejos de la media estatal en lista de espera, que es del 27,2%.
Son datos facilitados por el Espacio de Promoción, Información y Defensa de los Derechos Sociales, cuyos responsables se muestran “decepcionados” pese a los indudables avances en prestaciones sociales en Zaragoza y Aragón. La citada entidad critica además que el sistema aragonés está más privatizado y mercantilizado que el español. “Las mujeres aragonesas siguen siendo las verdaderas columnas de la atención a la dependencia”, aseguran desde el Espacio.
Los representantes de la entidad han presentado este jueves un completo informe en el que reconocen y subrayan que la dependencia fue prácticamente arrasada por el anterior gobierno PP-PAR. En julio de 2015 Aragón ocupaba el lugar 14 del Estado español, sólo por delante de Ceuta y Melilla, Islas Canarias, Illes Balears y País Valencià, con 1,27% de población disfrutando de prestaciones cuando en el Estado español era de 1,61%.
Desde entonces la situación ha mejorado sustancialmente, pero el informe indica que en abril de 2017 (última estadística oficial disponible), “Aragón sólo ha subido dos puestos, superando a Madrid y Navarra, y alcanza un 1,73% de cobertura en atención frente al 1,89% de la media española”.
Por ello, el Espacio, que nació en 2013 para luchar contra la aniquilación de los derechos sociales auspiciada por PP-PAR, se muestra frustrado con la acción desarrollada por la DGA socialista. Reconocen que en las insuficiencias colabora también la desidia del Gobierno español del PP, que no aporta lo que la legislación le obliga. “Pero ese déficit lo padecen todas las comunidades y muchas de ellas están en dependencia mejor que Aragón”, puntualiza Ángel Sanz, profesor jubilado y uno de los portavoces del Espacio.
También han insistido en recordar a las personas usuarias, tanto a las afectadas como a las y los familiares, que la prestación de los diferentes servicios sociales es “un derecho exigible”.
Cifras, calidad e intensidad de las prestaciones
Las críticas abarcan a las cifras de los servicios sociales, a su calidad y amplitud, y al trato hacia las personas que aspiran a prestaciones por dependencia.
En el lado positivo, los datos aportados en el citado informe hablan de “evidentes avances” en Aragón, donde las personas reconocidas con derecho a prestaciones han llegado a casi 40.000 en abril de 2017, “un aumento de 7,6% desde julio de 2015, frente al aumento en España de sólo un 2,1%”.
Las personas beneficiarias “han pasado de 16.826 a 22.662, un 34,7%, más, el doble del aumento producido en España del 17,2%”. Las prestaciones ofrecidas “han pasado de 16.888 a 25.009, 8.121 prestaciones más”.
El lado negativo hace referencia a la calidad e intensidad protectora de los servicios prestados en Aragón. El Espacio critica que se haya puesto el acento de forma “desproporcionada” en la prevención y promoción de los servicios, algo que antes no existía y que ahora está seis puntos por encima de la media estatal.
Además, respecto a los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio y centro de día, en Aragón suman un 13% de las prestaciones, frente al 39,5% de media estatal, un desfase calificado como “histórico” por el Espacio de Derechos Sociales, que incide además en la baja intensidad (pocas horas de atención) de la ayuda a domicilio.
En atención en residencias la estadística aragonesa (un 15% de las prestaciones) supera ligeramente a la estatal (13,8%), “pero está estancada en 3.500 plazas”, puntualizan los representantes del Espacio.
Y concluyen que la ley de dependencia es una ley de servicios, pero éstos en Aragón sólo suponen el 37,5% de las prestaciones, frente al 57% en el Estado.
Mercantilización y apoyo en las familias
¿Cómo compensa ese desfase la DGA? Pues con prestaciones económicas a los dependientes, es decir, con el dinero que se les entrega para adquirir servicios privados (18,4% de las prestaciones en Aragón, frente al 8,4% estatal), o bien para compensar a sus familias por los cuidados que les prestan (43,8% en Aragón, 33,9% en el Estado), una atención familiar asumida abrumadoramente por las mujeres.
El Espacio concluye que la atención a la dependencia en Aragón “está 10 puntos más 'privatizada' que en el Estado español y 10 puntos más 'familiarizada'. Es más mercantilista y más ‘familista’. Justo lo contrario de los objetivos declarados por la propia Ley”.
Como colofón a estos datos, las y los representantes del Espacio aluden a la lista de espera de aspirantes a prestaciones por dependencia, “que continúa siendo irritante y aún muy superior a la española. Se ha reducido 13,5 puntos, pasando del 46,7% al 33,2%, mientras la española pasaba de 36,6% a 27,2%, con 9,4 puntos de reducción. Pero aún quedan 6 puntos de diferencia”. Además, la prestación de “servicios en precario” está sirviendo para que las listas de espera a la atención a la dependencia se estén reduciendo, aseguran.
También han demandado que se ponga en funcionamiento la Mesa del Diálogo Social, que no se reúne desde octubre de 2016, y es la única de las que se pusieron en marcha que prácticamente no registra actividad.
Por último, desde el Espacio de Derechos Sociales se reclama a la Administración aragonesa otro trato para demandantes y familiares, quienes se ven obligados a deambular durante mucho tiempo “con angustia, miedo y desconocimiento” por estancias burocráticas, “donde a menudo se sienten amenazados y vilipendiados, cuando no son expedientes, son personas”.
A este respecto subrayan que cuando demandantes o familiares se dirigen al Espacio en demanda de ayuda y asesoramiento, “lo primero que nos agradecen es haberlos tratado como personas. Eso es muy triste”.
Unas personas a las que gestionan una media de cuatro reclamaciones semanales, de las que nueve han derivado en la interposición de sendas demandas judiciales contra el IASS (Instituto Aragonés de Derechos Sociales), “y los resultados obtenidos en los siete casos en los que ya tenemos sentencia han sido favorables al dependiente, condenando al IASS a abonar las cantidades o a prestar los servicios que le correspondan”.
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Noticia publicada en Ten! Zaragoza.
