El pasado jueves 26 de diciembre, el Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el Partido Popular, presentaba, con el apoyo de Vox, los presupuestos municipales para 2025, con un aumento del 3% de gasto público con respecto a las cuentas de 2024. Lo hacía, para más inri, bajo la cantinela de ser un "regalo de navidad para todos los zaragozanos". Sin embargo, este regalo de navidad está algo más que envenenado; o al menos, así lo está para la clase trabajadora de la ciudad. Los presupuestos municipales no hacen sino confirmar, un año más, un modelo de ciudad basado en el turismo, el pelotazo inmobiliario, los macroproyectos faraónicos y una ordenación urbana basada en la segregación social; todo ello acompañado de un creciente aumento del control policial y de la represión sobre los barrios más desfavorecidos. En definitiva, un modelo de ciudad hecho por y para la burguesía. Así, con este artículo aspiramos a contribuir al análisis de algunos de sus puntos estrella: reordenación urbana y macroproyectos, represión e ideología. Vayamos por partes.
Reordenación urbana y macroproyectos
Los Presupuestos Municipales de 2025 refrendan una agenda pública de macroproyectos: reforma de la nueva Romareda, transformación de la antigua fábrica de Giesa en una "ciudad del cine", rehabilitación de la ribera del Huerva, ampliación del Parque de Atracciones a costa de los Pinares de Venecia, la construcción de un gran Centro Deportivo Municipal de gestión público-privada en el Distrito Sur, etc. También de macroeventos: Zaragoza Florece, Festival de la Garnacha, Fiestas Goyescas, Vive Latino, Monumental Tour, el anuncio de Zaragoza como sede del Mundial 2030 o incluso los rumores -ya descartados- alrededor de la reconstrucción de la Torre Nueva. El objetivo de fondo es la promoción de Zaragoza como destino turístico en el mapa nacional -además de como centro logístico y como hub de la industria de defensa en el corredor del Ebro- en un contexto de declive de sectores industriales tradicionalmente punteros y con un peso económico considerable a nivel regional como el automovilístico. Y para ello, el Ayuntamiento, en connivencia con el resto de la administración pública, se encarga de poner las infraestructuras necesarias, cambiar la legislación bajo el asesoramiento del sector privado y busca facilitar la atracción de capitales a través de exenciones fiscales (como la nueva rebaja fiscal a las plusvalías inmobiliarias del 30 al 28%) o la financiación directa de empresas.
No en vano, el turismo en nuestra ciudad no deja de crecer -con un aumento del 12% en el último año-, haciendo así a la ciudad más dependiente de una actividad económica que, al tiempo que supone enormes ganancias los empresarios locales, se traduce en más precariedad laboral, el aumento del precio de la vivienda (el cual ha crecido un 9,3% de media en el último año según el portal Idealista) y la gentrificación del Casco Histórico (que ya concentra 934 de los 1235 pisos turísticos de la ciudad). Y todo ello a costa del cierre o infrafinanciación de servicios públicos especialmente recurridos por la clase trabajadora zaragozana, tal y como representa el cierre en verano de la Casa de Juventud del Oliver y el proyecto de reforma (y desmantelamiento) de las Zonas Jóvenes o el reordenamiento de las líneas de autobús que empeora la situación de barrios periféricos como Valdefierro para reforzar las comunicaciones en el centro de la ciudad; o a costa de sus espacios verdes, como muestran el proyecto de ampliación del Parque de Atracciones con la subsecuente tala de los Pinares de Venecia en Torrero o el proyecto de rehabilitación del Huerva que potencialmente puede reducir las zonas verdes en el entorno del Parque Bruil.
Por su parte, las partidas presupuestarias destinadas a atender las necesidades reales de los barrios obreros zaragozanos, aunque han aumentado moderadamente con respecto a 2024, se financiarán en buena medida gracias a una macrooperación urbanística consistente en la recalificación de terrenos públicos (ahora destinados a un skatepark y a un campo de fútbol) para posterior promoción inmobiliaria en Vía Hispanidad y Montecanal, dos de las zonas más pudientes de la ciudad.
Finalmente, merece un comentario más detenido la apuesta del consistorio por la continuación del Plan General Pignatelli-Zamoray, aprobado por el Ayuntamiento del PP en 2020 y entrado en vigor en 2022 con el objetivo de "la regeneración y la rehabilitación urbanística y arquitectónica de la parte nuclear de su ámbito". No en vano, esta área -que abarca la zona norte del Gancho- se caracteriza por poseer altos índices de vulnerabilidad social, de degradación física de los edificios y acumulación de basura en las calles, además una gran cantidad de infraviviendas y otras tantas donde se produce alquiler irregular de habitaciones sueltas.
A este respecto, la "regeneración" que plantea el Ayuntamiento pasa por la promoción inmobiliaria acompañada de medidas más fuertes de control social: por el momento, el consistorio ha formalizado la expropiación a través de compra de numerosos edificios en el área, algunos de ellos okupados. Una "regeneración" que, tal y como está planteada, implica la expulsión de parte del proletariado allí residente, pues como el propio Plan General señala, debemos partir del hecho de que si las viviendas "fueran mejores" las familias "no podrían pagar su alojamiento" y se verían expulsadas a la calle a falta de alternativa habitacional. Eso es justamente lo que ha pasado con el reciente desalojo del edificio okupado en Pignatelli 76 ante el riesgo de derrumbe del mismo, desalojo que ha implicado dejar prácticamente en la calle (la alternativa ha sido el Albergue Municipal) a varias familias, incluidos cuatro menores. Este hecho, además, ha acelerado las inspecciones del Ayuntamiento en los edificios del área, por lo que no deberían extrañarnos más casos similares en los próximos meses. Así, aunque el Ayuntamiento haya anunciado la promoción de algunas viviendas en régimen de alquiler social en la zona -que no son nunca de asignación definitiva, pues caducan a los 50 años-, el objetivo de la regeneración no es otro que la promoción inmobiliaria de un área céntrica, con un elevado patrimonio histórico, y potencialmente turística. Un plato muy suculento para los especuladores y el consistorio, que destinará 750.000€ del erario municipal a nueva construcción en el área.
Todo ello por encima, por supuesto, de los intereses de los vecinos del Gancho. Pues el objetivo no es buscar soluciones para sus problemas, sino desplazar los mismos de una zona urbana potencialmente rentable, y con ellos, a los propios vecinos. Además de las familias desalojadas sin alternativa habitacional, tres días después de la presentación de los presupuestos sabíamos, gracias a su hermana, que, Francisco Millán, de 74 años y en situación de dependencia, y vecino de la calle Pignatelli de toda la vida, llevaba meses viviendo en un piso con un serio riesgo de hundimiento y con aviso de desalojo por parte de sus propietarios ante la prolongada pasividad del Ayuntamiento y de Zaragoza Vivienda, que eran conocedores de su situación desde 2021. Por si fuera poco, la familia solicitó el alquiler social de un bajo en desuso propiedad de Zaragoza Vivienda en la propia calle Pignatelli, el cual no ha podido ser otorgado porque curiosamente estaba cedido a Escuela y Despensa, fundación corresponsable de la orden de desalojo contra el CSC Luis Buñuel.
Represión
En estricta relación con los planes de reordenación urbana mencionados, otro aspecto que destaca en los presupuestos anunciados por Natalia Chueca es la continuación de la tendencia autoritaria y represiva que ya venía impulsando de forma acelerada desde el inicio de su mandato en 2023. Barrios obreros como el Gancho, las Delicias, el Oliver o el entorno de Aloy Sala en la Madalena, que el proyecto de presupuesto publicado ha decidido apellidar "problemáticos", van a sufrir una "invasión" de cámaras de videovigilancia que le va a costar 500.000 euros a la clase trabajadora de la ciudad. Por su parte, la Diputación Provincial, gobernada por el PSOE y con el apoyo externo de En Común-IU y CHA, también está apostando por esta forma de aumento del control social, en su caso invirtiendo millones de euros en los municipios de Zaragoza. Pero estos ojos artificiales, además de permanecer fijados en las esquinas de nuestras calles, van a comenzar a moverse a lo largo de la ciudad: el 2 de diciembre la Policía Local empezó a portar cámaras en sus uniformes. En la misma línea, en este caso por petición expresa de Vox, en los presupuestos también se ha incluido la adquisición de pistolas táser para la policía municipal, cuyo presupuesto general aumentará un 28% en 2025. Asimismo, uno de esos barrios "problemáticos", el Gancho, contará a partir de 2025 con una nueva comisaría de policía en la calle Pignatelli (350.000 euros), en sintonía, como hemos señalado, con el Plan General que aspira a "regenerar" dicha área.
Por lo demás, cabe hacer mención especial a la política de embate contra los espacios autoorganizados que viene llevando a cabo el PP desde el Ayuntamiento en los últimos años. Para comprenderla, debemos enmarcarla en una ofensiva general contra los espacios de la clase trabajadora que está siendo impulsada por partidos de todo el arco parlamentario: Ayuso (PP) con el CSO Atalaya en Madrid, Collboni (PSC) con la Antiga Massana en Barcelona, etc. En lo que respecta a nuestra ciudad, después del desalojo del CSC Luis Buñuel en febrero de 2023 y del CSO Loira en marzo de 2024, el próximo objetivo de los políticos profesionales parece ser el CSO Kike Mur, ubicado en la antigua cárcel de Torrero. Siguiendo la fórmula empleada para tratar de justificar socialmente el desalojo del Buñuel, el Ayuntamiento promete convertir el centro social en un "centro de mayores". Si se nos pregunta, se trata de una más de las maniobras de marketing a las que nos tiene acostumbradas la alcaldesa, siempre intentando vendernos como grandes mejoras lo que realmente son ataques contra la clase trabajadora, sus condiciones de vida y su capacidad de organización independiente. Por muchos millones que derroche en luces de navidad y muchos macroeventos que organice, nos va a seguir teniendo enfrente y en la misma trinchera que las compañeras de la Kike. No nos olvidamos tampoco de las gentes de Podemos Zaragoza que, cuando aún conservaban concejales en el Ayuntamiento, también defendieron el desalojo del CSO, en su caso, para convertirlo en un "Centro de interpretación de la Memoria Democrática de Aragón".
Toda esta deriva autoritaria no es arbitraria. No responde a la mejor o peor voluntad política de los gobernantes de turno: en contextos de crisis de la rentabilidad como el actual, el capitalismo se muestra incapaz de mantener su rostro amable. La acumulación de ganancia se torna crecientemente incompatible con los mecanismos de integración social que caracterizaron los Estados del bienestar del siglo pasado y que configuraron las sociedades de clases medias europeas. Hoy, el escenario en el que nos movemos está marcado por la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, el desmantelamiento de los servicios públicos, el encarecimiento de la vivienda, un empleo crecientemente precario, y un largo etcétera.
Y es que, al igual que hubo momentos en los que predominó la zanahoria, hoy el palo -que nunca llegó a irse- está cada vez más a la orden del día. Nos ha tocado vivir tiempos en los que la clase dominante necesita recurrir a su mano dura para mantener el orden, y los presupuestos municipales de Zaragoza son un claro ejemplo de ello. Es más, el hecho de que haya aumentado la dotación presupuestaria destinada a la "prevención y atención del sinhogarismo" no es contrario a la deriva punitiva del Ayuntamiento (y del resto de las instituciones). El auge de las políticas asistencialistas, de estas nuevas "Poor Laws", es el complemento necesario de la represión en un contexto de empobrecimiento creciente de la clase trabajadora. El aumento del sinhogarismo, como alertaba hace pocos días Cruz Roja, es un fenómeno acusado en Zaragoza. Y desgraciadamente, el 2 de enero se cobraba a su primera víctima del año a causa del frío: Serouzi Allouchi, quien dormía al raso junto al Mercado Central.
Ideología
Por último, desde su presentación, PP y Vox han insistido machaconamente en que estos nuevos presupuestos serían, supuestamente, "de gestión y sin ideología". A poco que rasquemos, descubriremos que este titular esconde, nuevamente, un engaño. ¿No es acaso ideológico destinar miles de euros de dinero público a la promoción de la tauromaquia? ¿Qué son sino ideológicos los convenios con asociaciones antiabortistas como Red Madre o Casa Cuna Ainkaren? ¿Es la promoción del proyecto antiabortista Zaragoza, ciudad por la vida un ejemplo "de gestión"? ¿También carecen de ideología los bancos como Caixabank y las empresas como BSH Electrodomésticos o el Heraldo de Aragón que financian y patrocinan esta ofensiva contra los derechos reproductivos de las personas gestantes? ¿Y la moción presentada por Vox en la que se denunciaba una supuesta "invasión migratoria" promovida por "una élite de Bruselas", no es ideológica?
Nada más lejos de estar exenta de ideología, la derecha parlamentaria -y especialmente la ultraderecha de Vox- está jugando un papel clave en el auge reaccionario que se está experimentando a escala internacional. En su caso desde las instituciones, está contribuyendo a la normalización de discursos y prácticas contra los migrantes, las mujeres o las personas del colectivo LGTBIQ+ y, en definitiva, los sectores más oprimidos dentro del proletariado. Precisamente quienes se las dan de "no-ideológicos" son quienes están impulsando el correlato ideológico que requiere -para llevarse a cabo sin trastocar la "paz social"- el presente proceso de ataque a las condiciones de vida y de aumento del control social que se cierne sobre nuestra clase.
La necesidad de una alternativa política
Como hemos tratado de señalar en este artículo, los nuevos presupuestos municipales presentados por el Ayuntamiento ratifican un proyecto de ciudad cuyos principales ejes pivotan alrededor de distintos macroproyectos urbanísticos, la privatización de los espacios comunes, la promoción inmobiliaria y turística de la ciudad y una represión creciente contra el proletariado zaragozano.
No obstante, nos gustaría concluir con algunos apuntes. Los problemas de Zaragoza no son solo los problemas de la clase trabajadora zaragozana. Son, por un lado, la contracara de los problemas de la clase trabajadora aragonesa en su conjunto, especialmente del proletariado rural, que sufre en sus carnes la macrocefalia de la capital en forma de despoblación, falta de servicios públicos y de oportunidades y saqueo de los recursos naturales. Por otro lado, son problemas muy similares a los de la clase trabajadora urbana de otras ciudades del Estado. Quizás la clase trabajadora zaragozana no sufra unos alquileres tan abusivos como la barcelonesa; quizás sus barrios no sufran una segregación social tan pronunciada como la madrileña; quizás el casco histórico de Zaragoza no esté tan turistificado como los de Málaga o Donosti. Pero la tendencia es la misma: macroproyectos, gentrificación, privatización del ocio y mayor represión y control social sobre la clase trabajadora. Y lo es porque, en última instancia, están originados por un capitalismo en crisis, que empuja por un lado hacia una concentración cada vez mayor de población e infraestructuras en unos pocos polos urbanos, y por otro, hacia la privatización de cualquier espacio urbano potencialmente rentable. De ahí que necesitemos formas organizativas que trasciendan y superen los límites marcados por el municipalismo en el anterior ciclo político.
No podemos permanecer impasibles mientras en nuestra ciudad hay personas muriendo en la calle y que, cada día, son desalojadas de sus casas; mientras nuestros sueldos cada vez nos dan para menos, pero el alquiler cada vez nos exige más; mientras lo que no se gasta en sanidad y educación va a parar a quienes se dedican a desahuciar y a agredir brutalmente a migrantes en nuestros barrios, a partir de ahora con una pistola táser a su disposición; mientras vamos quedando huérfanas de espacios en los que organizarnos para plantar cara a este mundo de barbarie. Es urgente fortalecer y extender la respuesta organizada de nuestra clase a cada uno de los ataques que, siguiendo los mandatos del capital, despliegan sobre ella las instituciones. Pero no basta con esto. Debemos superar la fragmentación y el reducido marco territorial que hasta ahora ha caracterizado nuestra resistencia a estos ataques, porque la lucha contra este sistema requiere de una acción unitaria que nos permita golpear al capital con un solo puño: desde todas las luchas, desde todos los territorios. Y es que, así como es urgente fortalecer la respuesta, es necesario dotarla de una estrategia de conjunto, capaz de articular a cada vez más sectores de la clase trabajadora (entendida como sujeto diverso y heterogéneo) en la lucha contra el régimen político capitalista y por la construcción de un mundo nuevo.
Frente a PP y Vox. Frente a la complicidad y la impotencia de la izquierda parlamentaria. Frente al poder de empresarios, banqueros y rentistas. Frente a todos ellos: construyamos la alternativa política de la clase trabajadora.
