DIAGONAL | Ter García | ¿Te han notificado una sanción por una infracción leve relacionada con hechos ocurridos hace más de seis meses? Pues ha prescrito, y Legal Sol tiene un escrito tipo para enviar a Delegación de Gobierno. ¿Han pasado más de dos meses entre la fecha del acuerdo de iniciación de la sanción y el día que has recibido el aviso? Pues el procedimiento sancionador también ha caducado y tienes otro escrito para presentar.
Son algunos de los consejos de 'Burorresistiendo. Manual de emergencia y autodefensa contra las multas', elaborado desde el Grupo de Trabajo Administrativo de la Comisión Legal Sol, con el que se da una guía para las personas que han recibido sanciones administrativas por su participación en reuniones y manifestaciones.
Entre la información del manual, algunos datos, como que el testimonio del policía que identificó a la persona sancionada es necesario para que se lleve a cabo la sanción o instrucciones para hacer un escrito de alegaciones, poniendo como ejemplos casos comunes, como que en los hechos imputados se describa que la persona sancionada participó en una concentración no comunicada, pero se señale como infracción cometida desórdenes graves, o se pida una sanción superior a la mínima por la infracción supuestamente cometida sin argumentar la razón.
“Desde la Comisión Legal Sol se decidió asumir la defensa de estas sanciones como parte del trabajo antirrepresivo que se estaba y se está llevando a cabo”, explican en la introducción del manual. Desde el 15 de mayo de 2011 hasta noviembre de 2013, Legal Sol ha tenido conocimiento de más de mil procesos sancionadores impulsados desde Subdelegación de Gobierno en Madrid contra personas que han participado en movilizaciones, lo que supone una recaudación para la Administración de más de 320.000 euros. Desde la Comisión han interpuesto más de un centenar de demandas ante los juzgados Contencioso-Administrativos, que, en la mayoría de los casos, han anulado las multas por vulnerar derechos fundamentales. También han recogido en un blog los casos que han recibido y las victorias conseguidas frente a la burorrepresión.
La oleada de multas a manifestantes no es algo sólo de Madrid. En La Rioja, las sanciones administrativas impuestas contra manifestantes desde el 15 de mayo de 2011 ya roza los 40.000 euros y en Zaragoza, sólo el escrache al diputado Eloy Suárez supuso sanciones administrativas por 17.000 euros para 51 personas. En la actualidad, el comité de empresa de FCC Parques y Jardines de la capital aragonesa está inmerso en una campaña de protestas por las sanciones recibidas -más de 30 personas expedientadas, a las que la Delegación del Gobierno solicita una multa de 10.000 euros- tras el escrache a Fernando Gimeno durante la pasada huelga de la plantilla.
Legislar para potenciar la represión administrativa
Con la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya aprobación en el Congreso está prevista para mañana, 11 de diciembre, para pasar al Senado para su aprobación definitiva, las sanciones administrativas suben de nivel, con multas de hasta 600.000 euros por manifestaciones no comunicadas en infraestructuras de servicios básicos, como puede ser el transporte público, o de hasta 30.000 euros por manifestaciones frente a las sedes del Congreso, Senado o Parlamentos territoriales como infracción grave. Las nuevas infracciones en el ámbito administrativo van de la mano de la elaboración del nuevo Código Penal, que está en la fase de presentación de enmiendas y en el que las faltas desaparecen, convirtiéndose en delitos o en infracciones administrativas.
Con la ley de tasas, una de las primeras iniciativas en cuanto al ámbito judicial del gobierno del Partido Popular, recurrir las sanciones administrativas ante los juzgados de lo contencioso-administrativo suponen un coste que, en muchos casos, es cercano.
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[Artículo original de Diagonal]
