A pesar de las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento de María de Huerva, las comunicaciones a Inspección Educativa y las reiteradas quejas formales, el problema persiste y el contrato con la empresa adjudicataria ha sido prorrogado un año más.
El edificio de Infantil del CPI Val de la Atalaya presenta desde hace meses una situación que las familias califican de “insostenible”. Baños con restos de heces, papeleras sin vaciar, falta de papel higiénico y de jabón, suelos sucios y zonas sin limpiar forman parte del día a día de un centro público en el que estudian niños y niñas de corta edad. Las imágenes aportadas por el AMPA, que AraInfo ha podido ver, muestran una realidad difícilmente compatible con unas condiciones higiénico-sanitarias mínimas.
Según relatan las familias, el problema se arrastra desde hace aproximadamente un año y medio, coincidiendo con la adjudicación del servicio de limpieza a la empresa Realan Services. Desde entonces, aseguran, la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha cronificado, afectando de manera especialmente grave al aulario de Infantil.
Ante esta realidad, el AMPA del centro ha mantenido numerosas reuniones con el Ayuntamiento de María de Huerva, ha trasladado la situación a Inspección Educativa y ha tratado de buscar soluciones por las vías institucionales. Sin embargo, la respuesta, según denuncian, ha sido la inacción. Lejos de corregirse las deficiencias, el Ayuntamiento ha optado por prorrogar un año más el contrato de limpieza con la misma empresa.
“Tenemos a los chiquitines de Infantil entre caca, literalmente”, explican desde el AMPA, que se declara “desesperado” ante una situación que consideran que roza la insalubridad y que afecta directamente a la salud y al bienestar del alumnado. Tras la junta ordinaria celebrada el pasado 17 de diciembre, las familias decidieron hacer pública la situación en redes sociales como último recurso para intentar forzar una solución.
Desde el Ayuntamiento de María de Huerva, consultado por AraInfo, confirman que son “conscientes de la situación” y que han mantenido “contacto permanente con el centro, actuando siempre que ha sido necesario dentro de sus competencias”. En su respuesta, el consistorio señala que la limpieza está adjudicada a una empresa externa y que la renovación del contrato se realizó “conforme a la legalidad y a los informes técnicos”.
El Ayuntamiento justifica la prórroga del contrato como una medida destinada a que la empresa pudiera reorganizar el servicio y la asignación de personal, evitando que “las incidencias se perpetuaran a través del mecanismo de subrogación de personal” y asegurando el cumplimiento de los estándares de limpieza necesarios. Añade, además, que la correcta organización del servicio corresponde a la empresa adjudicataria y que el consistorio “no puede intervenir directamente” en la asignación de personal, aunque afirma haber requerido formalmente a la empresa que adopte medidas y estar realizando un “seguimiento exhaustivo” del contrato.
Sin embargo, la realidad descrita por las familias del CPI Val de la Atalaya pone en cuestión esa explicación institucional. Las deficiencias continúan, el problema se mantiene en el tiempo y la prórroga del contrato no ha supuesto, al menos hasta ahora, una mejora perceptible en las condiciones de limpieza del centro. La falta de respuesta por parte de Inspección Educativa, según el AMPA, se suma a la sensación de abandono institucional.
Desde la asociación de madres y padres subrayan que no se trata de una reivindicación puntual ni de un conflicto menor, sino de una cuestión de salud pública y de derechos básicos en un centro educativo público. “Queremos unas condiciones higiénico-sanitarias dignas para nuestro alumnado”, señalan, insistiendo en que la situación afecta a menores en una etapa especialmente vulnerable.
El AMPA ha decidido compartir su denuncia coincidiendo con las fechas navideñas, no como un gesto simbólico, sino como un llamamiento urgente a las administraciones implicadas. “Nuestro deseo no es otro que se solucione este problema con soluciones reales”, concluyen, reclamando responsabilidades y medidas efectivas para garantizar que el CPI Val de la Atalaya deje de ser un ejemplo de precariedad en la gestión de servicios públicos esenciales.
Finalmente, desde el AMPA han convocado una concentración para este martes, 13 de enero.
