Alrededor de doscientas personas convocadas por la Plataforma Salud Universal de Uesca han acudido durante la tarde del 6 de septiembre al llamamiento a la movilización contra la reforma sanitaria que entró en vigor con dicho mes y que, de facto, supone la expulsión del sistema público de salud de miles de personas que están en situación de desregulación administrativa.
La recién constituida Plataforma denuncia el grave atropello que esto supone al obstaculizar el acceso a un derecho ciudadano básico como es la asistencia sanitaria y que está recogido, entre otras, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La adopción de este tipo de medidas destapa, según la Plataforma, otra de las caras más crueles de este Gobierno, la xenofobia institucional, unida a su posicionamiento político, “fuerte con los débiles y débil con los fuertes”. “Lo que hace el Gobierno es utilizar el derecho básico a la asistencia sanitaria para expulsar de nuestro país a las personas que no tienen tarjeta de residencia o que la han tenido y han dejado de tenerla”, argumenta la Plataforma, “cuando se habla de xenofobia institucional se quiere decir que un organismo público adopta medidas discriminatorias contra personas de otras nacionalidades, agitando un espantajo bien conocido, el miedo al extranjero y su rechazo”.
Afirma que el anuncio de que nadie se va a quedar sin asistencia cuando se le niegue la tarjeta sanitaria es “una forma de tergiversar la realidad”, “al crear un sistema de facturación, otro tipo de receta (deberán pagar el 100 % del coste del tratamiento), de registro sanitario, etc., se aleja de los servicios sanitarios a uno de los grupos sociales más excluidos de nuestra sociedad y se inicia la diferencia entre los asegurados y los no asegurados, rompiendo el principio de universalidad y equidad que inspiraba nuestro sistema de salud”. Insiste en que los pretextos económicos no se sostienen, “todos los estudios fiables apuntan al incremento del gasto sanitario a medio plazo, por la derivación a los servicios de urgencias del colectivo expulsado de asistencia sanitaria regularizada” y recuerda que la sanidad pública no la sufraga el Gobierno, “la sostienen los impuestos pagados por la ciudadanía, incluida la inmigración en situación irregular a través de las cargas fiscales indirectas, como las que gravan el consumo”.
En términos sociales apeló la Plataforma al apoyo entre personas y colectivos porque, además, “nadie puede asegurar que nunca vaya a demandar solidaridad dado que la inmensa mayoría de la población está padeciendo las nefastas consecuencias de una crisis generada por los poderes financieros y las oligarquías económicas”.
Durante la concentración se abrió el micrófono para que tomasen la palabra personas afectadas por esta reforma y finalizó con la lectura de un manifiesto que concluía con el rechazo de la posibilidad de que el colectivo de inmigrantes sin papeles sufragase la sanidad pública como si se tratase de asistencia privada, por injusto, inviable y discriminatorio, la exigencia de la derogación del Real Decreto recién estrenado, la negación en la complicidad para la instauración de un sistema de beneficencia sanitario paralelo y, en definitiva, reclamó la reintegración plena de los derechos sanitarios del citado colectivo.
