
Convocadas por numerosas organizaciones sociales más de 700 personas se han manifestado durante la tarde del 23 de noviembre en la capital altoaragonesa exigiendo que se antepongan las necesidades de las personas y de lo público a la hora de la planificación de las políticas de las distintas instituciones. La pretensión por parte del Gobierno de Aragón de privatizar los servicios de salud mental gestionados por Arcadia (Fundación Agustín Sarrate) ha sido el eje principal de denuncia dentro del contexto de la movilización estatal descentralizada contra las políticas neoliberales.
La manifestación partía pasadas las 17.30 horas desde la céntrica plaza de Navarra y ha concluído en los aledaños del edificio en el Arcadia desarrolla su actividad. Allí ha sido leído un comunicado por parte de una representante de Arcadia y de otra del grupo de vivienda del 15M oscense, “como máximos exponentes de las luchas que están teniendo lugar localmente”. En el mismo han sido enumerados en tono de denuncia aspectos generales como “el tema de las pensiones, la destrucción de servicios públicos, la dura realidad de los desahucios”, y otros más particulares y cercanos como “el recorte e intento de privatización de Arcadia, las afecciones en el medio rural y la reducción de salarios y derechos que recientemente ha tenido lugar en los servicios municipales de limpieza, en los que tras la externalización impulsada por el Consistorio oscense se paga la mitad por el mismo trabajo”. Durante el todo el recorrido y especialmente durante las intervenciones finales ha sido solicitada con insistencia la dimisión del consejero Oliván.
Durante el recorrido un grupo de mujeres ha realizado una performance de denuncia de la reforma de la ley del aborto que el ministro Gallardón pretende sacar adelante, provocando un “retroceso de cuarenta años en lo que a los derechos de las mujeres se refiere".
Desde las organizaciones firmantes del comunicado afirman que “no van a tolerar que dedique el dinero de la ciudadanía a salvar a quienes han causado la crisis, ni que hagan pagar una deuda que dicha ciudadanía no ha generado”. Igualmente exigen “una renta básica universal que garantice el derecho efectivo a la existencia de todas”. Finalmente rechazan “el incumplimiento de las obligaciones sociales del Estado que están siendo asumidas por la solidaridad de la ciudadanía”.
Durante la semana entrante, según han informado a AraInfo, van a seguir teniendo lugar reuniones de trabajo para exigir una solución satisfactoria de la problemática surgida con el intento privatizador de los servicios de salud mental.




