Sucede casi siempre con las profesiones feminizadas, aquellas donde las mujeres son mayoría, que el trabajo es mucho y el reconocimiento y el salario son muy poco. Sucede que son trabajos relacionados siempre con el mundo de los cuidados, con la atención a los débiles, a los viejos, a los enfermos, a los niños desamparados, a los pobres, a los minusválidos... Discriminados y estigmatizados históricamente con estos y otros términos. A los que solos no son nada ni nadie. A los nadie que casi a nadie interesan, salvo a estas mujeres que los acompañan, que los cuidan, que los curan, los educan, les dan amor y calor y los mantienen a flote para que no se hundan, para que puedan salir adelante y tener un futuro.
Esto es lo que sucede con las trabajadoras de reforma y protección de menores en Aragón que actualmente están pidiendo a la administración pública y a la patronal del sector un convenio autonómico que dignifique de una vez sus precarias condiciones laborales. Son un puñado de mujeres valientes y solidarias que desarrollan un trabajo absolutamente esencial cuidando de nuestros niños y adolescentes más vulnerables y desprotegidos, víctimas de diferentes formas de marginación y exclusión social. Trabajadoras con una sólida formación académica, un enorme compromiso personal y una dilatada experiencia profesional que las capacita para realizar intervenciones muy delicadas, a menudo en situaciones de violencia y con unas dosis de riesgo y tensión emocional y psicológica que a la mayoría de nosotros nos sobrepasarían. Heroínas de carne y hueso que velan por el cuidado y bienestar de estos niños, por su salud y educación, por su desarrollo personal e incorporación social, brindándoles el futuro digno que merecen y evitando que se conviertan en «carne de cañón».
El suyo es un trabajo durísimo, acompañar a estos niños en sus problemas, en su sufrimiento, en sus avances y retrocesos, sus miedos y angustias, su rabia, su frustración y sus respuestas en ocasiones violentas, tiene un durísimo impacto psíquico y emocional en estas profesionales. Su vida laboral está marcada por unos niveles de riesgo, violencia y estrés altísimos. Son frecuentes las agresiones entre menores, o de menores hacia profesionales, los insultos, las amenazas y coacciones. En ocasiones, incluso, alguno de estos chicos trata de poner fin a su propia vida, y lo consigue si no es por estas profesionales. Los niveles de estrés laboral son tan altos que acaban generando un grave impacto sobre la salud de estas trabajadoras a medio y largo plazo. Las bajas por estrés, ansiedad y depresión no paran de crecer año a año.
Y sucede que a pesar de todo esto, y a pesar de recibir continuamente elogios y hermosas palabras por parte de políticos y empresarios, el convenio estatal que actualmente regula el sector en Aragón les condena a vivir en unas condiciones laborales absolutamente precarias, con salarios de subsistencia, indignos para su labor y cualificación, que las abocan a una vida penosa de dificultades para llegar a fin de mes. Oficialmente se considera que su trabajo es «esencial». Y así, cada vez que se han declarado en huelga, el Gobierno de Aragón ha fijado en un 100% los servicios mínimos a cumplir para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales en sus centros de trabajo. Durante el periodo más crítico de la pandemia del COVID-19 siguieron desarrollando presencialmente su trabajo con responsabilidad, coraje y entrega profesional, dejándose la piel y arriesgando su salud y hasta sus propias vidas cuando aún se carecía de información y equipos de protección adecuados. Y como recompensa a su labor obtienen salarios mileuristas, congelados durante los últimos 20 años, que impiden la realización vital de un proyecto personal y familiar dignos.
Nuestra tierra es una nacionalidad histórica dotada de las competencias e instrumentos de autogobierno necesarios para rubricar un convenio autonómico que solucione esta situación, y ya ha manifestado su compromiso a la hora de dotar a los centros de los recursos necesarios para ello. Con ello Aragón supera un convenio estatal absolutamente insuficiente y se coloca en el grupo de comunidades autónomas a la vanguardia en el impulso de políticas públicas de inclusión y desarrollo humano, económico y social, haciendo de la protección a los sectores sociales más desfavorecidos, una de sus principales señas de identidad.
Nuestra Administración encomienda las funciones de reforma y protección de sus menores a empresas privadas del tercer sector, entidades sociales que en teoría carecen de fines lucrativos y que declaran en sus estatutos su responsabilidad y compromiso para con los principios de justicia y solidaridad social, con la búsqueda de la inclusión social, la solvencia profesional, la excelencia y la calidad de la atención. Y el quid de la cuestión es precisamente que un verdadero compromiso político y moral con esta función pública pasa indefectiblemente por dignificar las condiciones laborales de las profesionales encargadas de desarrollarla.
Y esto es exactamente lo que representa el Convenio Colectivo Autonómico de Reforma y Protección de Menores para Aragón que estas trabajadoras reclaman y que de momento los gerentes responsables de estas empresas se niegan a negociar. Un compromiso real con estos principios fundamentales en los que las empresas declaran inspirarse pasa por dignificar la vida de sus trabajadoras, garantizando que un trabajo que precisamente se realiza por y para la justicia social se realice en condiciones socialmente justas.
