Hay personas que, no habiendo participado nunca en huelga alguna, opinan con una seguridad absoluta sobre las mismas. E incluso ofrecen soluciones de cómo se terminaría con ellas, poniendo en marcha el ventilador responsabilizando a una parte y a la contraria a la vez (aunque a una de ellas con la boquica pequeña).
Siempre se puede intentar hacer las cosas mejor para intentar causar los menores daños posibles a los ciudadanos. Pero este mismo ciudadano debe tener en cuenta cual es el problema de fondo: el actual sistema de gestión de los servicios públicos.
Ocurre una y otra vez; para incrementar o, cuando menos, mantener las condiciones laborales (estaremos de acuerdo en que es un derecho, e incluso en una sociedad verdaderamente democrática, debería verse como un deber), los trabajadores de las contratas deben recurrir a la huelga y, por consiguiente, causan perjuicios a los usuarios de dichos servicios públicos. Mientras tanto, las empresas tienen a su favor lo más preciado y cotizado en estos casos: el tiempo. Saben que el usuario se "rebotará" hacia el trabajador y también saben que los gestores del ayuntamiento tendrán que dar explicaciones tanto a la oposición como a los ciudadanos.
La diferencia, con respecto a situaciones anteriores, es que ahora el ayuntamiento no está dispuesto a dar dinero, u otras formas de retribución o compensación, a la empresa para la resolución del conflicto. Pero tampoco puede prescindir de su gestión por cuestiones obvias (contrato en vigor, presupuestos, etc.).
Llegados a este punto; esas personas que recriminan a los huelguistas y piensan lo fácil que es acabar con las huelgas que afectan a los usuarios, deberían informarse de cómo viven ese periodo los trabajadores y ofrecerles ideas para la rápida solución del conflicto.
Seguro que éstos las admitirían con gratitud. Para volver cuanto antes a lo que todo trabajador quiere: cumplir con sus obligaciones y disfrutar de sus derechos.
